La libre manifestación de las ideas, así como la lucha en favor de los derechos humanos, son dos cimientos esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.
Por eso, para nosotros es un motivo de congratulación el poder compartir con ustedes la promulgación de los decretos por los cuales se expiden, tanto la Reforma Constitucional en materia, precisamente, de facultades de atracción de la Procuraduría General de la República, en el caso de delitos cometidos contra periodistas, como el Decreto que Expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, precisamente, he promulgado, he signado hace unos momentos.
Felicito muy sinceramente a las y a los Legisladores, que trabajaron arduamente para que estas disposiciones fuesen una realidad.
También, felicito a las organizaciones de la sociedad civil, porque su diligente seguimiento a los trámites legislativos ha, finalmente, rendido los frutos que estaban esperando.
Como Presidente de la República, reconozco la invaluable labor de quienes dedican su vida a investigar, a documentar y a denunciar violaciones a los derechos humanos.
Se trata de mexicanas y mexicanos valientes que, a pesar de los obstáculos, a pesar de los riesgos, a pesar de las amenazas, día con día se esmeran por construir una sociedad fundada en principios democráticos, una sociedad donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
También, valoro enormemente la labor que día con día realizan los reporteros y periodistas, tanto mexicanos como extranjeros, que, en su arduo trabajo, contribuyen a que tengamos una sociedad mejor informada y, en consecuencia, una sociedad más democrática. Una sociedad donde el diálogo, el debate y la crítica son pieza fundamental de nuestra cultura política, de la vida pública y de la vida institucional.
El periodismo ha sido pieza clave en la construcción del régimen de libertades que hoy disfrutamos en México y que hay en buena parte del mundo.
Sin embargo, hay que reconocer, con tristeza, que el esfuerzo de comunicadores y activistas se ha visto trastocado por el ataque, la intimidación, las amenazas y, finalmente, los crímenes, que sobre ellos ejercen las bandas delincuenciales. Criminales sin escrúpulos, que pretenden imponer sus reglas, acallando a la sociedad y a sus voces más destacadas.
Es indignante ver cómo en algunas regiones del país, los comunicadores y activistas están expuestos a agresiones, abusos, actos de hostigamiento, en el ejercicio y por el ejercicio de sus actividades.
También, indigna y ofende que los casos de agresiones y asesinatos que se investigan, particularmente, a nivel estatal, y los que han terminado en una sentencia condenatoria son, claramente, insuficientes respecto a la magnitud del problema que se registra en México.
Se debe a muchas razones. En gran medida, también, quizá, a que las autoridades responsables carecen de las capacidades técnicas y humanas para esclarecer, rápidamente, tales asuntos. Y, también, a que, quizá, no siempre se les da la atención urgente e importante a la que están obligadas las autoridades.
Ante esta situación, el Gobierno Federal ha respondido a través de medidas, como la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
A la fecha, la Fiscalía ha iniciado 228 averiguaciones y ha otorgado 108 medidas cautelares en favor de periodistas, familiares, víctimas del delito e instalaciones de medios de comunicación.
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