QUINTERO Y MEJIA ZAYAS, DE STRAVI, RENUNCIAN A SUS RESPONSABILIDADES PUBLICAS

QUINTERO Y MEJÍA ZAYAS, DE SETRAVI, RENUNCIAN A SUS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS: CIPESA

* Concesionarios denuncian que estos servidores públicos dejan en manos de terceros particulares las tareas de orden administrativo y de regulación que les corresponde, lo cual tiene al transporte de la ciudad en un verdadero caos

México, D. F., a 22 de noviembre de 2011

Integrantes del Consejo de Administración de Circuito Periférico SA de CV (CIPESA), anunciaron que iniciarán movilizaciones y manifestaciones en la ciudad para que los habitantes conozcan que los verdaderos culpables del caos en el transporte público de la ciudad de México son los funcionarios de la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI), quienes de manera arbitraria y autoritaria los han dejado sin participación en el Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay.

Los transportistas exigen se les respete el derecho como concesionarios de las Rutas 2 y 98 para trabajar en el Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay; se les otorgue la concesión que como empresa les corresponde en dicho circuito y se les entreguen los bonos de chatarrización a que tienen derecho dentro del programa “Sustitución de Unidades de Autotransporte Público Colectivo de Pasajeros por Autobuses Nuevos”.

En voz de Arturo Esteva expresaron que las autoridades encabezadas por Armando Quintero, secretario del Transporte y Vialidad y Martín Mejía Zayas, director General del Transporte, han renunciado a sus responsabilidades que como servidores públicos tienen para administrar y regular el transporte y, de esa forma, para lavarse las manos del caos en que han metido a la ciudad y, al mismo tiempo, para beneficiar a ciertos grupos. Tal es su caso, ya que luego de meses de participar en la conformación del Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay, en diciembre de 2009 prácticamente los despojaron de su derecho.

Esteva, quién se desempeña como secretario de CIPESA relató que Mejía no sólo los amenazó con dejarlos sin trabajar si no se unían a la otra empresa que buscaba participar también en aquel momento, COPESA, sino que lo cumplió. “Un día nos dijo: Muchachos, sus intereses están seguros en COPESA, así que si quieren, arréglense allá, porque si quieren pleito, este se llevará 3-4 años. Mientras, yo sigo trabajando y ustedes no podrán hacerlo”.

“Es decir, que la autoridad en su afán por privilegiar y beneficiar a un grupo cercano a ellos, decidió renunciar a su responsabilidad como autoridad administrativa y reguladora del transporte y entregó nuestro destino a una empresa similar a la nuestra, a un par, sin que haya un argumento legal para hacerlo”, añadió Esteva, “lo cual vamos a dirimir en los tribunales”.

Los concesionarios expusieron varios documentos y declaraciones a los medios de comunicación, donde está primero confirmado que los funcionarios antes mencionados fueron enterados de la constitución de la empresa; ellos mismos canalizaron a los transportistas para que continuaran los trámites de participación en el corredor e, incluso, Armando Quintero informó a la opinión pública en agosto que ya les habían autorizado la compra de 150 autobuses, para que el 21 de diciembre de 2009 les cerraran la puerta y no se las volvieran a abrir hasta la fecha.

Por otro lado, dieron una serie de ejemplos de la forma cómo la SETRAVI es corresponsable de los accidentes como el del pasado 5 de noviembre en la autopista México-Cuernavaca, ya que, afirman, también han renunciado a su responsabilidad como autoridad para aplicar la revista —puesto que el buen estado de las unidades la dejan al libre albedrío de los concesionarios— y a regularizar a los miles de transportistas que son poseedores de las concesiones, lo cual les resta certeza jurídica para invertir en unidades nuevas.

El presidente del Consejo de Administración de CIPESA, Mario Alberto Martínez Valencia dijo que quiénes, sino los funcionarios de la SETRAVI, son los responsables de entregar las licencias-tarjetón, de contratar a quienes aplican los cursos de capacitación y de evitar el incremento de las tarifas, provocando lo que Armando Quintero mal llama “la guerra del centavo”. Esta irresponsabilidad, insistieron, es la verdadera culpable de los accidentes.

En cambio, destacó Esteva, “desde las oficinas de la SETRAVI se manipula la información con respecto a nuestro trabajo diario, con el fin de proteger la imagen de la dependencia y de sus funcionarios (haciéndonos cargo de la mala fama de los transportistas), pero son ellos (SETRAVI) igual de responsables —aunque no los únicos— de los accidentes y la mala prestación del servicio; sólo que la autoridad no es sentada en el banquillo de los acusados, sino son ellos quienes juzgan y por eso nunca se ha castigado la corresponsabilidad de cada lamentable accidente que sucede en esta Ciudad”.

Incluso, expresaron que las presuntas medidas correctivas contra sus compañeros son una farsa, ya que no se aplican porque saben que tienen corresponsabilidad, como ya fue dado a conocer por un legislador, quien expresó que los microbuses de la Ruta 1 en el ramal accidentado, sólo fueron reubicados a otros derroteros.

Sobre todo porque las autoridades están impedidas legalmente de cancelar concesiones con un golpe de escritorio. “Por principio de cuentas y para no violar los derechos de los gobernados la SETRAVI debe realizar un procedimiento administrativo y determinar la responsabilidad y no únicamente mencionar que se cancelaría la concesión, y forzosamente se encontraría que la SETRAVI también es responsable porque dejó de convocar a la revisión físico mecánicas de las unidades mediante la llamada revista vehicular, que irresponsablemente dejó de aplicar desde 2009”.

Asimismo, expresaron que si las autoridades realmente quieren hacer un bien a la ciudad, que canalicen parte de las 10 mil chatarrizaciones anunciadas recientemente hacia las concesiones que realmente lo necesitan y no sólo a los corredores con alta rentabilidad, la mayoría de los cuales han cambiado sus unidades viejas por autobuses.

Los concesionarios de las Rutas 2 y 98 que fueron dejados fuera del Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay insistieron en que realizarán una lucha jurídica, social y mediática con el fin de que le sean respetados sus derechos y les entreguen los bonos de chatarrización a que tienen derecho, se les otorgue la concesión para trabajar en el corredor y se les reconozca como empresa.