ALFIL

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Estado de excepción
Por Roberto Piñón Olivas
Los constituyentes del 17 y antes que ellos, los del 57, tuvieron la precaución de evitar que el respeto irrestricto e inviolable de la garantías individuales, se convirtiera en instrumento indirecto para la comisión de ilícitos, a través de la suspensión de las mismas.
Sin embargo, mediante la misma constitución, los diputados establecieron que las medidas excepcionales tendrían que ser generales, por un tiempo y un espacio determinados, y ser expedidas por el presidente de la república, en acuerdo con los secretarios y bajo la aprobación del congreso o la comisión permanente, en su caso.
Como la pena de muerte estaba autorizada a fines de mil ochocientos, los legisladores tuvieron a bien establecer como única garantías que nunca podrían ser tocadas, aquellas que garantizan la vida.
Sin mayores modificaciones, el mencionado artículo supervive en el veintinueve constitucional, para ser aplicado “…En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto…”.
A través de la suspensión de garantías, puede, por ejemplo, detenerse a una persona sin orden judicial, allanarse un domicilio, impedirse la libre circulación, restringir la libre expresión de las ideas o decretar el denominado “toque de queda”.
Se entiende que a través de estas disposiciones excepcionales, los cuerpos policíacos tendrán la oportunidad de enfrentar con mayor eficacia las causas que dieron origen a la suspensión de garantías, estableciendo un estado policiaco y de continua persecución, donde todos somos sospechosos de incurrir en acciones delictivas.
Una medida de esta naturaleza, en un estado democrático, podría resultar contraproducente. Es cierto que el crimen organizado ha rebasado los niveles de tolerancia de la sociedad –si es que existe algún mecanismo de medición al respecto-, sin embargo aceptar en estos momentos la existencia de “una perturbación grave de la paz pública” o ese “cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, para justificar el estado policiaco, es negar otras alternativas, haciendo uso del actual marco jurídico.
La depuración policiaca y su dotación con armamento de mayor calibre; mejores sueldos e incentivos; acciones de inteligencia operados en otras naciones, en materia de persecución de delitos, principalmente en materia financiera; la coordinación estrecha entre autoridades y niveles de gobierno, entre otras, abren la puerta a nuevas alternativas sin acudir al expediente fácil de la suspensión de garantías.
Lo que es cierto es que el tiempo y la paciencia de la sociedad se agota, y las voces que claman hacia una solución totalitaria aumentan peligrosamente, no sólo en México, sino en Latinoamérica entera, ante la incertidumbre provocada por la inseguridad, ante una Presidencia de la República que enfrenta serios problemas de operación orgánica y política.
EN EL TABLERO…El lunes, en ciudad Juárez, a invitación del periodismo organizado, representado en Fapermex y en la Asociación de Periodistas de Juárez, encabezada por el colega Jesús Meza, hizo presencia el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, quien se comprometió a encabezar un paquete legislativo que brinde seguridad, física como social, al gremio periodístico, ante la ola de violencia que se ha desatado en todo el país, donde se incluye el ataque con granadas en el matutino El Debate de Sinaloa, el día de ayer lunes 17 de noviembre…
El autor es Presidente del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. Envíe sus comentarios al correo robertopinon@yahoo.com.mx. www.observador.com Escuche en Vivo en el 1470 AM Radio Formula en el Distrito Federal a las 20:00, en el 1010 AM Radio Lobo en Chihuahua a las 14:00, en cualquier punto de la república y el mundo en www.laequis.com.mx; Autorizada la reproducción total o parcial de la columna Alfil, con mención del autor. Todos los derechos reservados.