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Estrategias electorales
Por Roberto Piñón Olivas
Conforme pasan los días se revelan mayores elementos en relación con el caso del relleno sanitario y la acusación por cohecho que mantuvo en prisión al expresidentes municipal Juan Blanco Saldivar.
El concierto de funcionarios para beneficiar a Sirsa, no solo se comprueba por el dicho de los empresarios, en sus diversas declaraciones judiciales, sino además por otros elementos de prueba, como es el caso de los correos electrónicos asegurados por la autoridad judicial.
La acusación de que el actual diputado federal habría recibido cinco millones de pesos en efectivo, ha quedado en segundo plano, ante una defensa política implementada vía toma de calles, como una medida de resistencia civil.
Legitima, indudablemente, la estrategia panista llegó al extremo de que se emitieran comentarios que deslizaban una supuesta complicidad del ejecutivo estatal con el crimen organizado, en voz de la senadora Teresa Ortuño.
La declaración, a todas luces irresponsable, se suma a las acciones adoptadas en Michoacán por el gobierno federal: en ambos casos se siembran dudas con un fin perverso: generar zozobra e inseguridad en los ciudadanos.
En ambos casos, sí existen elementos que lleven, por un lado, al presidente de la república, y por el otro, a una senadora, a realizar estas acciones pasando por encima de la primera autoridad estatal, o en el segundo caso, aseverar nexos, ambos niveles de autoridad debían presentar cargos y evitar acciones que nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones democráticas y que solo debilitan la credibilidad de la ciudadanía en el sistema político completo.
Si Felipe Calderón no confía en Leonel Godoy, que acuda ante la instancia correspondiente e inicie un juicio de responsabilidad; igual pasa con la senadora Ortuño: lo demás es expediente fácil para golpear políticamente adversarios a unas cuantas semanas de los comicios federales.
Las autoridades, sea cual sea su nivel, tienen la obligación de ser cautos y respetar la coordinación entre ellos. El gobierno federal debe ser respetuoso de las entidades federativas, en lugar de apostarle al centralismo que ha resultado sumamente dañino para México.
Los procesos judiciales eso son: judiciales, no políticos. Convertirlos en políticos es destruir años de avance en la consolidación del poder judicial. Por eso existen diversas instancias. A ellas se debe acudir y no al expediente sencillo de tomar calles.
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