lunes, 26 de diciembre de 2011

CONGELA CONGRESO INICIATIVAS CLAVE

Congela Congreso iniciativas clave

Al cierre de este año, el Congreso de la Unión reporta un importante rezago legislativo, en el que destacan las reformas política y laboral, y aquellas que tienen que ver con el tema de seguridad, como la de mando único policiaco y enmiendas contra el lavado de dinero

Carina García y Elena Michel | El Universal

politica@eluniversal.com.mx

Reforma laboral, ley de seguridad nacional, enmiendas contra el lavado de dinero y mando único policiaco fueron temas que la Cámara de Diputados dejó para mejor ocasión.

En tanto, los senadores dejaron pendientes cuatro iniciativas del Ejecutivo relacionadas con el tema de seguridad, no aprobaron la ley que prometieron al poeta Javier Sicilia, vinculada a la atención a víctimas de violación de derechos humanos; federalizar los delitos contra periodistas; y en materia de salud, la regulación de la reproducción asistida, como los vientres subrogados.

Al final de este año, el Congreso de la Unión reporta una importante agenda de pendientes, pues también dejó para después la reforma política, rechazada en su parte sustancial por la Cámara de Diputados y avalada en un principio por el Senado.


Pendientes de San Lázaro

Reforma laboral, ley de seguridad nacional, eliminación del fuero para legisladores y para el presidente de la república, reforma política; enmiendas contra el lavado de dinero o creación del mando único policiaco fueron temas que la Cámara de Diputados dejó para mejor ocasión, pues concluyó su periodo de sesiones sin legislar en esas materias.

Al reiniciar trabajos, en el periodo que inicia en febrero de 2012, los diputados federales encontrarán mil 207 iniciativas por dictaminar, mismas que han sido presentadas desde 2009 hasta este 2011, y que fueron “resucitadas” por sus autores, quienes por escrito pidieron su rescate.

Entre éstas se encuentran las propuestas del titular Ejecutivo federal, Felipe Calderón, de Ley Federal de Extinción de Dominio, enviada a la Cámara el 7 de septiembre de 2010, y Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, remitida a los diputados en febrero de ese mismo año.

También están congeladas un cúmulo de iniciativas y minutas del Senado presentadas por legisladores de todos los partidos y consistentes en reformas en materia de transparencia, alerta temprana sobre robo de niños, enmiendas en materia fiscal y presupuestal; al sistema de seguridad social; desarrollo social, entre otros.

El nuevo reglamento de la Cámara de Diputados aprobado a fines de 2010 dio a este órgano una nueva forma de “abatir el rezago legislativo”, que consiste en el desechamiento de iniciativas que, al vencerse el plazo de dictaminación, no hayan sido analizadas.

Así, el mecanismo de congeladora fue sustituido por la trituradora pues sin ningún tipo de análisis se desecharon en este periodo tres mil 930 iniciativas que se habían arrastrado desde legislaturas anteriores, debido a que no fueron dictaminadas en tiempo.

Tan sólo en su última sesión del jueves 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados desechó 112 de ellas.

Pese a estos números, la productividad de la Cámara Baja, con 156 dictámenes aprobados en este periodo, es la más alta de los últimos 14 años desde que en 1997 el Revolucionario Institucional perdió el control de la mayoría de diputados y la oposición, en bloque, superó a la bancada tricolor.

Entre las iniciativas que fueron eliminadas se encuentran la propuesta alternativa de Ley de Seguridad Nacional que propusieron los diputados perredistas Alejandro Encinas y Teresa Incháustegui, como resultado de las observaciones y propuestas de la UNAM y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia; reformas en contra de la trata de personas; cambios a la legislación electoral, entre otros.

De ese paquete de propuestas que fueron desechadas no hubo ninguna que hubiera sido propuesta por el PRI o por el PAN, pues sus coordinadores las salvaron de la trituradora legislativa nombre con el que los legisladores se refieren ahora al procedimiento marcado por reglamento.


El “nuevo” Senado

Tener una nueva sede no propició que los senadores acabaran con el rezago legislativo.

Al concluir el periodo ordinario de sesiones, la Cámara Alta dejó pendiente una agenda de alrededor de 500 asuntos, entre los que destacan el desahogo de cuatro iniciativas del Ejecutivo federal relacionadas con el tema de seguridad, como la creación del mando único policial y la reforma al fuero militar, la ley que también prometieron a Sicilia, vinculada a la atención a víctimas de violación de derechos humanos; la minuta enviada por los diputados para federalizar los delitos en contra de periodistas; y en materia de salud, la regulación de la reproducción asistida, como los vientres subrogados.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, las sesiones iniciaron en promedio con media hora de retraso y un quórum de 69 a 75 de los 128 senadores.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo (PAN), reconoció que únicamente logró procesar 30 de las casi 200 iniciativas con carácter de urgente enviadas a este órgano, y presentadas en esta Legislatura, lo que quiere decir que a este cúmulo de proyectos se suman aquellos presentados antes de 2006.

Una de las grandes asignaturas pendientes del Senado es la reforma al fuero militar. El presidente Felipe Calderón envió esta iniciativa a la Cámara Alta en septiembre de 2010.

La reforma al Código de Justicia Militar no se concretó aun cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto enviado por Calderón establece la adecuación del artículo 57 para excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación.

“Es un rubro en el que tenemos que avanzar, pero todavía no tenemos nada aterrizado, no tenemos consensos”, admitió Zapata Perogordo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), explicó que aún queda pendiente la llamada miscelánea penal y las sanciones al financiamiento del terrorismo, temas que se procesarán en dictámenes separados una vez que inicie el próximo periodo de sesiones, el primero de febrero de 2012, pues ya existe un acuerdo de las bancadas. Otro tema pendiente es, detalló González, la ley para evitar el feminicidio.

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el también panista Felipe González González, tampoco logró procesar un acuerdo para sacar adelante el proyecto de mando único policial, a pesar de que el dictamen sufrió por lo menos cinco cambios.

Ésta es una de las cuatro iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal que continúa congelada después de un año que lleva de discusión.

El senador Tomás Torres Mercado, del PRD, precisó que su partido no se opone, siempre y cuando de modifique la pretensión de que el secretario de Seguridad Pública disponga de manera “unilateral” de las fuerzas estatales.

El perredista reconoció que en esta Legislatura “no ha habido la reforma de reformas, que es la laboral, y en consecuencia, la transformación de la seguridad social”.

Criticó el trabajo de los senadores respecto a las leyes que se han aprobado en materia de seguridad: “Hemos dado leyes para combatir la delincuencia organizada, pero no hemos dado leyes para combatir la corrupción institucional”.

En el Senado de la República tampoco se lograron procesar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, una que habla del control de armas de fuego y explosivos, y otra para tipificar como un delito cualquier agresión contra funcionarios de Seguridad Pública.

Finalmente la de cadenas delictivas, la cual “no tiene consenso de ningún tipo”, pues González Alcocer explicó que “está muy complicada porque cambia toda la teoría penal” al establecer, por ejemplo, que al atrapar a un integrante de los Zetas se le podrían imputar Los delitos cometidos por otro miembro de esa célula en cualquier parte del país.

La minuta que reforma el artículo 73 constitucional con el objetivo de federalizar los delitos contra periodistas no formó parte de la lista de prioridades legislativas que delineó la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y, por tanto, continúa en comisiones.

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