jueves, 18 de noviembre de 2010
ACOSO A DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT
Acoso a derechohabientes del Infonavit
Amenazan con desalojar a deudores
Por Luis González Romero
Poza Rica, Ver.- Los despachos contratados por el Instituto Nacional al Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para realizar cobros a los fraccionadores que adeuden no están autorizadas para exigir pagos y amenazar con desalojos a los deudores, declaró Abundio Pérez Flores, Presidente de la Asociación Infonavit-Gaviotas I y II.
Informó que las oficinas encargadas de realizar llamadas para recordara los acreditados de liquidar el monto mensual pendiente han amenazado con llevar a cabo despojos y saqueos de las casas de algunas familias que están en carretera vencida.
Indicó que los despachos que ejercen este tipo de acciones, que amenazan al derechohabiente de ser saqueado de sus pertenencias, bajo argumentos de incumplimientos con el contrato de patrimonio residencial, violan los derechos de la familia e incurren en otros delitos.
No se cuenta con cifras exactas de las personas que han sido advertidas de destitución de las casas en el Infonavit Gaviotas I y II, pero las quejas de los beneficiarios han sido constantes.
Considera que para realizar el despojo de las viviendas tiene que realizarse tras un juicio civil y bajo una orden emitida por un juez de distrito; de lo contrario, las amenazas se constituyen en un delito y los derechohabientes tienen en derecho de proceder en contra de los representantes de los despachos encargados de cobrar.
Sin embargo, señala que los cobradores intentan exigir los pagos a pesar de que la mensualidad que ha sido cubierta por los acreditados, provocando malestar a los usuarios por las constantes llamadas telefónicas a domicilio.
Situación que considera como actos irregulares por las violaciones producidas a los deudores, ya que las funciones de los despachos contratados sólo es llamar y solicitar cordialmente a pasar a liquidar el monto de adeudo.
“Las acciones de los cobradores podrían ser denunciada ante el Ministerio Público bajo el concepto de abusos de autoridad ya que el desempeño de las oficinas sólo es invitar a pagar y esperar que los retrasos sean remunerados”, concluyó.
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