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Inteligencia y redistribución fiscal

Por Roberto Piñón Olivas

La distribución de responsabilidades debe ir acompañada de la canalización de recursos económicos suficientes.

Esta es una regla general que aplica en cualquier ámbito, no solo en el sector público, pero es donde adquiere un drama mayor, porque las entidades federativas y los municipios constituyen la primera puerta de contacto con las necesidades sentidas de las comunidades.

En México, desde los últimos treinta años existe una tendencia marcada de desincorporar facultades de la federación a favor de los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, empero no existe una correspondencia fiscal.

Es cierto. El presupuesto 2011 autorizado por el Congreso de la Unión para fortalecimiento municipal considera una partida presupuestal histórica de 13 mil ochocientos millones de pesos.

Sin embargo esos recursos son insuficientes para que los municipios del país enfrenten sus necesidades para prestar servicios públicos, no se diga para enfrentar con éxito las acciones de prevención de los delitos debido al ingrediente indiscutible del narcomenudeo.

El narcomenudeo ha generado una economía con un impacto en delitos del fuero común. Los recursos generados por esa actividad ilícita financian, sin duda, actividades ilícitas, que en condiciones normales cualquier municipio podría enfrentar, pero que en la situación actual es imposible que así ocurra.

No creo que exista algún estudio que nos diga la trascendencia de ese derrame de 40 mil millones de dólares –fruto de la delincuencia organizada en general- al año en las calles de nuestro país.

¿Cuánto de ese dinero queda en manos de las familias de los delincuentes?, ¿cuánto utilizan ellos mismos para cometer otros delitos? ¿Cuál es la naturaleza de los delitos cometidos para efectos de competencia y responsabilidad en la atención?

En condiciones ordinarias los agentes municipales de una localidad pequeña podían imponer el bando de policía y buen gobierno. Ahora no lo pueden hacer, porque quienes cometen las faltas por lo regular están armados. Imponen su ley de terror ante una incapacidad del Estado Mexicano por más esfuerzos que pudieran existir por parte de las entidades o los municipios, porque estamos frente a un problema de atención central, federal.

Esos recursos autorizados tienen un alto componente en materia de seguridad. Adicionalmente se contemplan aportaciones por siete mil millones en un fondo especial más cuatro mil en seguridad municipal.

Aún así no es suficiente.

Se requiere mayor apoyo fiscal. Resarcir el tejido social. Generar mayores recursos para mejorar servicios y brindar oportunidades a los jóvenes y empleo a los adultos. Ahí tiene que existir mayor recurso federal.

En lo policiaco, el presidente Calderón admite que es necesario reconfigurar el operativo. La inteligencia es la clave. Así lo señalaron los gobernadores, principalmente César Duarte de Chihuahua, en la reunión nacional de seguridad. Pero además así lo demuestran los últimos operativos exitosos.

Inteligencia por encima de la militarización de las calles. Y mayores recursos a las entidades y municipios.

Abogado y periodista. www.robertopinon.blogspot.com

ABOGADO Y PERIODISTA

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