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Un nuevo golpe político

Por Roberto Piñón Olivas

El fuero constitucional es una figura de protección a la representación política frente a un exceso de los poderes ejecutivo y judicial, incluso, entre ellos mismos.

Protege a ciertos servidores públicos, no solo a los legisladores en el ámbito federal o local. Así los integrantes de órganos autónomos gozan de la protección igual que diputados, senadores, y ciertos servidores públicos de las estructuras del Ejecutivo, como el Procurador General de la República.

Es una institución que evita la discrecionalidad en el uso de la fuerza pública para atacar contrincantes políticos.

No es una carta de impunidad: los funcionarios públicos protegidos por el fuero constitucional pueden ser juzgados ya sea cuando concluyan su función o bien, a través de un procedimiento legislativo para determinar su separación y eventual disposición hacia el ministerio público.

Viene el asunto al caso porque la Procuraduría General de la República insiste en procesar penalmente a un legislador, César Godoy Toscano, por su presunta complicidad con el crimen organizado. Para ello se envió el expediente que sirve a la comisión legislativa como base de una indagatoria que debe ser brevísima.

La cuestión es que las indagatorias forman parte de un magno proceso que se siguió a 35 funcionarios públicos michoacanos que termino en un gran fiasco. Los servidores fueron liberados bajo un “usted disculpe”, con una grave lesión a su patrimonio familiar y profesional.

En esa macro acción investigadora el gobierno accedió a informantes que involucraron también al hermano del gobernador Leonel Godoy, obtuvo órdenes de aprehensión y durante un año trató de hacerlo comparecer, detenerlo, hasta que subrepticiamente tomó protesta como diputado federal.

Ahora, caídos los casos del resto de los ex funcionarios públicos michoacanos, la Procuraduría General de la República intenta proceder en contra del diputado, con base en iguales elementos que jueces de distrito desestimaron y consideraron insuficientes.

Los diputados se han enfrascado en una tarea para la cual carecen de los elementos técnicos, porque no son peritos para determinar si en efecto la voz del legislador es la que aparece hablando con un narcotraficante para ordenar una agresión en contra de un periodista.

Más bien, el procedimiento que es político, tendrá una resolución política, que será, un revés para la Procuraduría, echándole en cara la inviolabilidad del fuero constitucional. Parece que el brazo investigador del gobierno federal únicamente trata de ofrecer un rostro de trabajo a la comunidad, bajo el lema cero impunidad, mientras conoce que tendrá que esperar dos años más para proceder en contra del diputado.

Y no está mal que cuando acabe su función de legislador, la procuraduría actué. Sería una posición democrática y de respeto al orden legal y constitucional. La cuestión es que ya se metieron en el brete y no encuentran como salir de él. Todo parece que quedará en un nuevo golpe político.

Abogado y periodista. www.robertopinon.blogspot.com

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