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Decisión inédita

Por Roberto Piñón Olivas

La casa de gobierno en Chihuahua fue el escenario para el anuncio de una decisión inédita: el gobernador José Reyes Baeza Terrazas transmitió a representantes de organizaciones periodísticas y representantes de los distintos medios de comunicación, su determinación para instaurar un procedimiento administrativo emergente de protección a periodistas, en tanto se establece una norma legal que lo desarrolle en forma permanente.

Es de gran relevancia la decisión política del jefe del ejecutivo en Chihuahua, porque se trata de una lucha de años, impulsada por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, para el establecimiento de un procedimiento que proteja a los periodistas amenazados en todo el país, similar al creado en Colombia en la década de los noventas.

Sin embargo, la propuesta –considerada idónea en el marco de los trabajos del extinto consejo consultivo de la Comisión Legislativa que da seguimiento a atentados contra periodistas- chocó en su momento con la insensibilidad del entonces secretario de gobernación Fernando Gómez Mont y los oídos sordos del extitular de la fiscalía especial de atención a delitos contra periodistas, Alberto Orellana Wiarco.

A nivel nacional son innumerables las versiones de amenazas de muerte contra periodistas. Lo mismo ocurre en Tamaulipas, que en Morelos o en Tijuana. No es Chihuahua la excepción al respecto. Lo peor: las amenazas se cumplen: desde que asumió la presidencia Felipe Calderón ha muerto un periodista por mes.

Por eso la relevancia del anuncio dado en la casona de la Zarco.

De acuerdo al procedimiento administrativo de protección a periodistas anunciado, se trata de un mecanismo sin burocratismo: recibida la amenaza, el periodista lo comunicará a un funcionario del área política, habilitado con facultades para, de acuerdo a la gravedad de la situación, resguardar la integridad del colega, con protección inmediata e incluso, sustracción del lugar, para evitar un ataque.

Es cierto: lo ideal es que exista una ley al respecto, como se ha planteado a través de la propuesta de constitución de un Comité de Riesgo y un fideicomiso, que permanezca al margen de los periodos de cada administración de gobierno. Sin embargo, se trata de una iniciativa gubernamental punta de lanza en el país, que servirá de ejemplo para impulsar acciones similares en otras latitudes, sobre todo cuando va a acompañada de la creación de una comisión de trabajo que trazará acciones de prevención, como la elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas, y que además revisará las investigaciones de hechos ya ocurridos, planteará programas de seguridad social, y de profesionalización.

Coincidiendo con los planteamientos de la Fapermex, el gobernador mostró su convencimiento de que no es suficiente con proteger al periodista amenazado: hay que trabajar en forma integral en la protección del quehacer periodístico, a través de una serie de aristas que redunden en la mejora de la calidad de vida del colega y sus familias, en la comprensión de que el periodismo es un pilar del Estado Democrático.

Es coyuntural, pero las demandas del periodismo organizado estarán hoy en la mesa del inquilino del Palacio de Cobian, José Francisco Blacke Mora, recién estrenado en el puesto, junto con el anuncio que el gobernador Reyes le dará a conocer en una reunión privada.

Blacke Mora tendrá en sus manos de plantear una nueva política de Estado, ajena a la paranoia de su antecesor.

El autor es Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS AC
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