ALFIL
Un problema nacional de urgente atención
Por Roberto Piñón Olivas
El país vive una ola de violencia contra periodistas desde 1983 a la fecha, que ha cobrado 111 víctimas, 40 del 2006 al día de hoy, a los cuales se suma el artero asesinato del compañero Guillermo Alcaraz en la ciudad de Chihuahua y de Marco Aurelio Martínez en Nuevo León, ambos el sábado antepasado.
Es cierto. Los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, son responsables del otorgamiento de garantías para el libre ejercicio del periodismo y la protección a la libre expresión de las ideas, cada uno en su respectivo ámbito de acción legal y constitucional.
Sin embargo, por las características de los hechos violentos –tipo de armas e intervención de grupos armados-, en su mayoría, es evidente que debe intervenir en las investigaciones la Procuraduría General de la República, quien ha sido omisa e ineficiente para esclarecer los crímenes. Pero además ha sido cerrada, opaca, y por tanto, poco transparente, lejana a las organizaciones y a los mismos periodistas.
No es suficiente con modificar las denominaciones de los órganos de investigación, como es el caso de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libre Expresión y ubicarlo en el organigrama como dependiente directo del titular de la PGR, es necesario dotarlos de recursos humanos y materiales suficientes.
Es urgente que se constituya el Comité de Riesgo para evaluar las amenazas contra los periodistas, donde intervengan los tres órdenes de gobierno, constituyendo un fideicomiso para sustraer a los colegas del contexto de riesgo.
El mencionado comité, donde deben participar periodistas, debe constituir una mesa de seguimiento a las agresiones y homicidios, tanto en los expedientes que se sigan en el ámbito federal como estatal, para presionar por el esclarecimiento de los hechos.
La PGR debe ser ágil en la atracción de los casos donde exista conexidad de delitos del orden federal con el estatal, evitando la dilación como hasta el momento ha ocurrido, con lo cual simplemente se retrasan las indagatorias, en tanto se resuelve en el Congreso de la Unión una propuesta de federalización de delitos contra periodistas.
La Federación insiste en la necesidad de continuar trabajando en la elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas, que incluya la sensibilización de cuerpos policiacos acerca del trabajo periodístico, para evitar agresiones como las ocurridas hace un par de días en Nuevo Laredo Tamaulipas por parte de elementos del ejército.
Es necesario retomar la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Especial que da Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas de la Cámara de Diputados, como importante caja de resonancia en torno a la agenda nacional legislativa en materia de periodismo.
Los atentados contra los periodistas constituyen un asunto de interés nacional porque lesiona uno de los pilares de la comunidad, que es el periodismo. No es un asunto local ni regional: compete a todos los ámbitos resolverlo, pero por la fuerza de las instituciones y sus responsabilidades constitucionales, la principal responsabilidad está en el gobierno federal, sobre todo cuando se trata de un fenómeno que lo mismo abate a periodistas en Tamaulipas, que Chihuahua, Nuevo León o Guerrero, entre otras muchas entidades.
Los esfuerzos locales, como el desplegado en Chihuahua, con las reformas constitucionales que despenalizan difamación y calumnia y protegen el secreto profesional del periodista, el seguro de vida, entre otras acciones, o como los desarrollados en Guerrero, con la ley de seguridad social, son importantes, pero es necesaria una visión federal de fondo al respecto, que fortalezca e impulse estas acciones, y sobre todo, equilibre aquellas entidades que se han quedado rezagadas al respecto.
El autor es Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS AC
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