Jesús Ortega Martínez*
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714346
La multitud protestante que se reúne en la Puerta del Sol en Madrid, tiene que ver con los tremendos efectos de la crisis económica que impacta severamente a España. El solo dato de más de 20% de desempleados da cuenta de la gravedad de la crisis y del deterioro en las condiciones de vida de los ibéricos. Los reclamos castigan electoralmente al PSOE, pero lo más interesante y, para algunos, desconcertante, es el surgimiento de los “indignados” y de sus singulares manifestaciones.
Éstos, desde luego, reclaman empleo, seguridad social, mayores ingresos, vivienda, etcétera, sin embargo no se detienen en estas exigencias y van mucho más allá, y en términos genéricos exigen lo que en México llamaríamos una “reforma política del Estado”.
Decenas de miles piden el fin del bipartidismo, candidaturas independientes, castigo a políticos corruptos, democracia plebiscitaria, control ciudadano, transparencia de los partidos y todo ello indica que en España, como en otros países —incluido el nuestro—, no sólo existe una crisis económica, sino además se hace notable una “crisis de gobernabilidad”, es decir, una “crisis de Estado”.
En España, como en México, se hace explícita, según dice Claus Offe, la separación —cada vez mayor— del poder y la política. En este infausto divorcio, escribe Offe, se hace manifiesto que los centros ortodoxos de los poderes económicos, militares, culturales, antes condensados en el Estado-nación, son ahora socavados desde “arriba” y desde “abajo”.
Esto porque la economía política del capitalismo postindustrial (el neoliberalismo) ya no proporciona clara categorización de los “lugares” dentro del sistema de producción en la que antes se basaban las formas de acción colectiva (partidos, gremios, asociaciones, sindicatos) y todo ello coacciona que los agentes políticos pierdan la certeza con respecto a sus roles y dominios.
“Lo público —dice Zygmunt Bauman— está en retirada, es cada vez tierra de nadie, está siendo abandonado y vacante a la espera de cualquier aventurero ansioso de invadirlo”. Así le sucedió al Perú con Fujimori, a Italia con Berlusconi, a Brasil con Collor de Mello, a Estados Unidos con Reagan y Bush, para que con mucho dinero (parte de origen dudoso), amparados en poderes de facto (algunos ilegales y criminales) y con el apoyo de poderosos medios de comunicación para construirles “imagen y presencia” invadieran lo público con graves consecuencias de deterioro para el Estado y para la gobernabilidad democrática.
Lo peligroso es que tales aventureros justifican su presencia apoyándose en las justas inconformidades de amplios sectores de la población ante la ineficacia de la política y la inoperancia de los políticos.
La crisis del Estado no se soluciona si se le continúa deteriorando hasta su destrucción y caída; eso es un suicidio para las sociedades modernas y así ni se restablece ni se alcanza la gobernabilidad democrática. Por el contrario, con la lógica de “entre más peor para el país, mejor para mí”, lo que se hace es abrirle paso a la regresión autoritaria.
La respuesta está, paradójicamente, en la política; en la capacidad de los políticos para entender, más allá de sus intereses inmediatos, la necesidad de reformar el Estado, para que éste recupere su legitimidad y fuerza sostenidas en respetar y hacer respetar la ley. Su capacidad para respetar, escuchar y atender los reclamos ciudadanos y, por último, su capacidad para, acotando intereses privados y anulando poderes fácticos, garantizar la prevalencia del superior interés público.
*Integrante del PRD
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