ALFIL

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Doble lenguaje

Por Roberto Piñón Olivas

Parece que en el ámbito federal, fuera del uso mediático profuso, no se comprende a cabalidad que en chihuahua subsiste una emergencia inédita: la violencia relacionada con el crimen organizado.

Todo parece que es así porque mientras a nivel local se realizan esfuerzos por combatir un fenómeno que de origen corresponde a la federación, por encontrarse catalogados como delitos de éste ámbito –secuestro, asalto, robo, homicidio, perpetrados por delincuentes organizados mediante el uso de armas de fuego exclusivas del ejército-, el ejecutivo y el judicial, poderes ambos federales, asumen decisiones omisas.

Un juez federal niega competencia para juzgar al presunto responsable de más de mil quinientos crímenes, entre ellos, el asesinato del personal de la embajada norteamericana en Juárez; el juzgado de distrito se niega a seguir el proceso por los homicidios, evidentemente vinculados a la actividad principal, que es la delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la República, tras la detención, asumió la atracción de los homicidios, toda vez que se encuentran vinculados con la actividad criminal principal. El juez de distrito se niega a procesarlo por este delito. Ahora tendrá que resolver un tribunal colegiado la competencia, en un asunto que debiera entenderse de mero trámite.

En el mismo sentido, de evadir responsabilidades, el gobierno federal recorta en 2011 los recursos públicos asignados mediante Subsemun, el subsidio de seguridad para municipios, en 38 millones de pesos, poco más de un tercio de los recursos que recibía el ayuntamiento de chihuahua.

Las administraciones anteriores, por cierto emanadas del Partido Acción Nacional, recibieron 98 millones de pesos. Así ocurrió el 2010. Para 2011, ya con administración priísta, la federación envío solo 61 millones de pesos.

La reducción presupuestal generó posiciones encontradas que culminaron con un acuerdo donde el entonces secretario de gobernación Francisco Blacke se comprometió, mediante la intervención del gobernador César Duarte, a respetar el histórico presupuestal para la capital de chihuahua.

Sin embargo, todo quedo en promesas. Ahora se niega el compromiso asumido de restituir los 38 millones y regresar a chihuahua al nivel de recurso autorizado vía Subsemun. Para 2012 se autorizan solo los 61 millones de pesos, cuando Chihuahua había presentado un programa de fortalecimiento en seguridad pública por 130 millones de pesos, donde destacan profesionalización, equipamiento, infraestructura y prevención de adicciones.

Es paradójico que la misma federación, por un lado, a través del secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconozca en chihuahua el esfuerzo extraordinario, donde por ejemplo, se han invertido 120 millones en mejora salarial de los elementos policiacos, recursos obtenidos de políticas de ajuste administrativo ordenadas por el alcalde Marco Adán Quezada, que al final han mejorado la seguridad, y por el otro lado, en un doble discurso, los recursos se ajusten.

Reducir el financiamiento federal para combatir el crimen es una estrategia equivocada. La situación inédita de chihuahua requiere los mayores apoyos y las decisiones más adecuadas de parte de la federación: que los tribunales asuman su responsabilidad de juzgar por atracción los delitos vinculados a crímenes del orden federal y que el Subsemun sea administrado sin tintes o colores partidistas: que simplemente retorne al histórico presupuestal, actualizado, del 2010.

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