ALFIL

Alfil
Crisis
Por Roberto Piñón Olivas
No hay peor esfuerzo que el que no se hace.
Bajo esta premisa, el gobierno de Felipe Calderón incursiona otra vez ante el Congreso de la Unión en busca de generar un marco jurídico que fortalezca, desde la visión de los pinos, el combate al crimen organizado.
De esta forma, se han enviado sendas iniciativas en materia de seguridad y justicia que fueron presentadas por el mismo jefe del ejecutivo federal, flanqueado por los secretarios del ramo, y que -en tono melodramático- pide sean discutidas y, en su caso, aprobadas.
Sin embargo, parece que se sigue la técnica de la reforma para combatir la inseguridad, en lugar de aprovechar el marco jurídico actualmente existente, que si bien, es mejorable, es una plataforma adecuada, que permite desde el ámbito administrativo, y en su caso, jurisdiccional, llegar al fondo de los casos, castigando a los responsables y evitando la tan llevada y traída impunidad. Las reformas en nada cambian la impunidad y la corrupción, que parte fundamentalmente de la voluntad política de aplicación de la norma.
No es el jefe del ejecutivo, el titular de las fuerzas armadas y jefe de la policía federal, quien debe llamar a la solidaridad de los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad, para combatir el crimen: es el primero en ejercer sus facultades, en lugar de marchar por las calles en protesta por la violencia, en un auténtico harakiri político, que lo único que demuestra es incapacidad.
No es la multitud de reformas jurídicas o la excesiva reglamentación, la que lleva al cumplimiento de la norma, sino es su estricta aplicación, en la esfera competencial determinada.
Es el colmo que ahora, el presidente considere que se ha malentendido la distribución de competencias, cuando es sumamente clara en materia de seguridad: al gobierno federal le compete la persecución de determinados delitos que son de tal magnitud y gravedad, que las entidades y los municipios resultan débiles e insuficientes desde el punto de vista presupuestario y de diseño de las corporaciones policíacas.
¿Cómo le vamos a pedir al policía de barrio que combata al crimen organizado, cuando los carteles conocen a su familia y conviven con ella en el mismo sitio geográfico? ¿No será ante esto una solución el actual diseño, cuando el combate lo ejerce una policía cuya familia reside en otro punto geográfico y que por lo mismo, tiene mayor libertad y seguridad para ejercer su responsabilidad, incluso, en el anonimato?
¿Pretende Calderón que los policías municipales salven al país del crimen organizado?
O, ¿que la sociedad se arme y lo haga por si misma?Por lo demás, las iniciativas de reforma parecen reiterativas en aspectos que ya se realizan, como la evaluación de policías –acaban de ser despedidos 60 de ellos en Juárez al reprobar las