ALFIL

ALFIL

Tontos útiles

Por Roberto Piñón Olivas

¿Qué pasaría por la mente del secretario de gobernación al referirse a los defensores de derechos humanos del país como tontos útiles de la delincuencia organizada?

Probablemente, la inocente premisa de alertarlos acerca de la posibilidad de ser engañados por el crimen organizado para construir, desde la defensa de las garantías individuales, una trinchera en contra de las instituciones.

No es nueva la posibilidad de que los organismos de defensa de los derechos humanos puedan ser utilizados por criminales para protegerse, reclamando la protección que niegan a sus víctimas.

De hecho, los criminales, sin engañar, son sujetos de protección de derechos humanos y garantías individuales.

Tiene que ser así, porque todas las personas tienen derecho a un juicio justo, donde todos los procedimientos, incluida su aprehensión y confinación en un centro carcelario, debe cumplir con ciertos requisitos constitucionales y legales.

Tiene que ser de este modo porque vivimos en un sistema de derecho garantista hablando del viejo y no se diga el nuevo sistema penal, donde incluso son extremos los beneficios en busca de privilegiar al máximo la presunción de inocencia.

Podrá parecer incongruente que mientras los delincuentes pueden violentar los derechos humanos y garantías individuales de sus víctimas, el Estado tiene que observarlas estrictamente en ellos. Sin embargo, no lo es: hay una contención del Estado, un encausamiento lícito de su fuerza, pensando en que es preferible un delincuente libre que un inocente encarcelado.

Lo que dijo el secretario de gobernación, al pedir a las comisiones de derechos humanos evitar convertirse en tontos útiles de la delincuencia, sale sobrando, es ofensivo e inocente.

Sale sobrando porque la función de los organismos de derechos humanos es defender sin distingos: uno de sus principios es la no discriminación absoluta sin reserva alguna.

Es ofensivo, porque el secretario de gobernación tiene entre sus funciones restañar lesiones políticas, no generarlas: es la voz autorizada del ejecutivo para generar consensos no disensos: lo que diga tiene mucha trascendencia y profundidad, por eso tiene que cuidar cada palabra bajo riesgo de lastimar.

Es, finalmente, inocente, cuando se dice sorprendido e incomprendido por la reacción de las organizaciones de derechos humanos de las entidades y de la misma Comisión Nacional: es inocente porque, hoy más que nunca, las organizaciones derechohumanistas están unificadas, de hecho fue uno de los elementos que impulsaron la candidatura de Raúl Plascencia; eso debía de saberlo el señor secretario: consensar el contenido de un desplegado, juntar firmas de las 32 organizaciones de derechos humanos fue tarea fácil y espontanea ante la indignación generada.

Si todo fuera poco, cuando el secretario podía desactivar el problema, echa combustible sobre el fuego, al negarse a una disculpa.

Esa arrogancia es un problema para todo funcionario, pero lo es más cuando es el responsable de la política interior del país.

El autor es Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC