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Abuso de poder y corrosión de valores

Por Roberto Piñón Olivas

Se calcula en siete mil millones de dólares anuales la ganancia que genera la trata de personas a los grupos criminales en todo el mundo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

En México, ninguna entidad federativa queda libre de la presencia del ilícito; sin embargo, son los estados vinculados con la industria turística los que presentan con mayor crudeza el fenómeno: Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según revela un estudio reciente elaborado por la Universidad del Caribe a encargo de la Secretaria de Turismo Federal.

El delito se encuentra asociado a condiciones de pobreza e ignorancia, así como el abuso del poder y la corrosión de valores, desde sectores no solo de la autoridad, sino de los mismos grupos sociales y las familias en el entorno más cercano a las víctimas.

Paradójicamente son estas instancias quienes de manera corresponsable deben realizar acciones contundentes para revertir las condiciones que generan el fenómeno, cuya definición legal se ha fortalecido, integrando un tipo amplio que permite sancionar diversas conductas relacionadas, fuera del simplismo de criminalizar a quien la practica directamente, sino a quienes lucran con la actividad promoviéndola, propiciándola y operándola.

Establece la ley especial vigente -desde el mes de junio pasado- que el delito de trata de personas lo comete quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación, la legislación sanciona además a la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito, esto es, en la promoción de la explotación sexual.

En cumplimiento de esta norma, diversos periódicos han decidido prohibir cualquier tipo de publicidad que directa o indirectamente promueva la trata de personas. Seguramente muchos medios de comunicación en el país se sumaran. Otros ya lo hacen.

Pero no es con la desaparición de estos anuncios como se terminara la explotación sexual de las personas. Se requiere una mayor participación de todas y todos, sociedad y gobierno, en un problema verdaderamente grave donde la mujer es la principal víctima.

La Organización Mundial del Trabajo calculó hace una década en 1.8 millones de niños y niñas las victimas de explotación sexual. La mayoría eran niñas. En el 2000 UNICEF estimó en un estudio realizado por seis ciudades de México en 16 mil las niñas sometidas a este tipo de explotación.

Es con el rescate de valores y el fortalecimiento de las familias, con políticas públicas que fortalezcan la equidad de género y el respeto a las diferencias, hasta el impulso de la educación desde la cultura, y la generación de fuentes de empleo.

Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Chihuahua, es prioritario promover entre la población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

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LIC. ROBERTO PIÑÓN OLIVAS