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Legitimación forzosa

Por Roberto Piñón Olivas

La designación de los integrantes de los consejos, órganos colegiados o titulares en los denominados órganos autónomos es un asunto de gran importancia para la vida del país.

Los organismos dotados de autonomía legal y constitucional, para desarrollar sus funciones, constituyen un valladar frente al caprichoso ejercicio del poder en ciertas áreas consideradas fundamentales para la vida comunitaria, porque salvaguardan la imparcialidad del acto administrativo o jurisdiccional en su caso.

Organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral y sus similares en los estados; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus clones locales; transparencia; órganos jurisdiccionales en materia electoral; la información y estadística y el combate a los monopolios; la función de banca y control de la moneda, son instituciones y funciones verdaderamente importantes.

¿Quién podrá dudar que establecer con claridad aspectos de población para efectos de presupuesto, o sea, distribución de recursos recabados vía impuestos o derechos, que debe compartir la federación hacia las entidades, resulta un asunto mayor cuya decisión puede ser afectada por el interés político del partido gobernante en turno en demérito del desarrollo de comunidades gobernadas por siglas diferentes?

Es obvio que las funciones deben ser salvaguardadas de cualquier afectación o interés personal o de grupo. Por ese motivo, los organismos han sido dotados de una protección constitucional: el nombramiento de sus titulares es desarrollado por el poder legislativo, con base en un procedimiento previamente establecido, hay requisitos que se deben cumplir para dar con el perfil y su función esta reglada, sujeta a normas concretas, protegida de sus actuaciones mediante el fuero; nombrados por un período, que varía, pero que tiende a generar estabilidad y, entre otras cosas, gratificados por un sueldo relevante.

Existen críticas al sistema, no hay duda: en el procedimiento muchas veces no hay convocatoria pública y el cargo queda en las propuestas del ejecutivo; los funcionarios son removidos mediante reformas legales o constitucionales por intereses políticos comunes; los salarios, en algunos casos, son estratosféricos, insultantes, y en otros, paradójicamente, bajos, muy bajos, para la responsabilidad que se debe asumir; el fuero se vuelve un lastre por los abusos que se cometen, pero aún así, es preferible por su utilidad y razón histórica.

El sistema es perfectible. Debe perfeccionarse revisando la naturaleza de cada órgano, en lugar de plantearse una modificación general.

Debe entenderse que se trata de un sistema nuevo, joven, con impulso a raíz de la autonomía electoral alcanzada en el ámbito federal en 1996 y en algunas entidades, como chihuahua, un par de años antes.

Alentar una posición que afecte la de por si deteriorada credibilidad del sistema gubernamental y político, lanzando misiles a los órganos autónomos es una apuesta arriesgada de los políticos.

Hay que conceder el beneficio de la duda.

Mony de Swaan, designado de acuerdo con la norma, deberá hacer un doble esfuerzo para legitimarse funcional y políticamente, haciendo lo que debe hacer, dar muestras de un verdadero compromiso para abatir el enmascarado monopolio económico de las comunicaciones que prevalece en el país.

El mecanismo establecido en Cofetel, con fuerte preeminencia del ejecutivo debe ser revisado, probablemente modificado de tajo, al constituirse como un órgano con autonomía técnica, pero subordinado por su naturaleza desconcentrada de la administración pública federal, con dependencia en la secretaria de comunicaciones.

Esa es la tarea pendiente. De Swaan tendrá una administración cómoda, por los votos de los comisionados, pero difícil ante los retos del sector: sin duda, deberá dejar de lado su compromiso presidencial.

A la vuelta esta la modificación legal y constitucional para crear, ahora sí, un órgano constitucional autónomo.

El autor es Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC

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