LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ING. EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS
P R E S E N T E :
Los ataques contra periodistas continúan: tres colegas fueron agredidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando desarrollaban su labor, cubriendo informativamente un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos delincuentes.
En forma sorpresiva e inexplicable, probablemente solo en la ironía del hecho, la Secretaria de la Defensa Nacional condenó la agresión y ofrece una investigación, como si con ello fuera suficiente y sin ofrecer una sola disculpa.
El martes, la periodista Abisaí Rubio y el camarógrafo Ricardo Ramírez, ambos de Televisión Azteca, y Antonio Neftalí Gómez, de la estación de Radio Voz de Nuevo Laredo, fueron derribados y golpeados en el suelo repetidamente, por elementos del ejército.
En la trifulca los soldados dañaron una cámara de vídeo propiedad de TV Azteca.
Los comunicadores aseguraron, en información divulgada el día de hoy, que la agresión en su contra no cesó, pese a que presentaron las identificaciones de sus empresas.
En el enfrentamiento relacionado con el operativo murieron tres presuntos delincuentes, y las autoridades decomisaron cuatro armas largas, 990 cartuchos, 36 cargadores, un vehículo y una granada de fragmentación, según la SEDENA.
Es cierto que los operativos militares y policiacos generan tensión entre los elementos, pero ello no justifica la agresión contra los periodistas.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos ha insistido en que debe elaborarse un protocolo de seguridad donde se establezcan los limites de actuación de la autoridad militar y policiaca, en operativos para proteger a los periodistas que cubren dichos acontecimientos.
La cobertura de sucesos de alto riesgo, como es el caso de ejecuciones o secuestros, requiere la elaboración de dicho protocolo, con el compromiso de las organizaciones gremiales de impulsar su conocimiento amplio entre los colegas para que cuenten con los elementos técnicos de cuidado que evite una tragedia.
Es urgente que la autoridad militar y la policiaca civil asuman su compromiso de velar por la libre expresión de las ideas, donde el protocolo mencionado puede resultar un instrumento valioso.
La agresión brutal amerita, por supuesto, una investigación y una sanción ejemplar, que no tolere la impunidad de la prepotencia.
CHIHUAHUA, CHIH., A 14 DE JULIO DEL 2010
“UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE”
ATENTAMENTE
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