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Recelos federalistas

Por Roberto Piñón Olivas

Un auténtico federalismo que distribuya de manera equitativa los recursos y genere igualdad de oportunidades a los habitantes del país, sea cual sea la región en que vivan, es sin duda una de las principales demandas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un espacio donde los titulares de los poderes ejecutivos estatales hacen causa común para impulsar políticas públicas con este contenido.

Hasta su formación plena el 30 de julio del 2003, con la incorporación de los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional, la Conferencia constituyó un primer ejercicio de contrapeso a la figura presidencial, rompiendo una regla no escrita que impedía la reunión de gobernadores sin la convocatoria federal.

La reunión de los gobernadores para discutir temas diversos, como la seguridad, la distribución fiscal, las facultades de los tres niveles de gobierno, la ecología, entre otros muchos, no solo representa catarsis que despresuriza las tensiones en la rivalidad competencial, tanto institucional como política, sino que ha permitido establecer un canal natural de comunicación y coordinación entre las entidades que no existía.

Las entidades federativas, aún más que hoy, representaban ínsulas de poder aisladas del resto del país. Había contactos naturales hacia el interior de los partidos políticos, y dentro de ellos, de los grupos o corrientes a los cuales pertenecían los gobernadores, pero hasta ese momento el principal impulsor de la reunión de titulares de ejecutivos estatales era el presidente de la república, sobre todo en sus informes de gobierno o actos similares de significación nacional.

El presidente y sus secretarios, evitaban la comparecencia ante una plenaria de gobernadores. O si se quiere conceder, esta no era posible porque no existía un organismo que convocará a una reunión de esta naturaleza.

Ahora, el presidente y los secretarios, cuando acuden a la Conferencia de Gobernadores, lo hacen en calidad de invitados, exponen o bien, escuchan las ponencias o reclamos que los gobernadores deben hacerles en relación con las diversas ramas de la administración pública.

No se trata de una comparecencia del nivel de la que deben asistir los integrantes del gabinete ante el Congreso de la Unión. Es cierto. Se trata de un espacio más amable y cordial, institucional, pero al fin, un espacio construido desde los mismos gobernadores, con sus reglas y procedimientos que presidencia y secretarios deben acatar.

Resulta relevante reconocer esta figura de coordinación, porque en una sociedad democrática se debe impulsar la creación de organismos que impulsen la discusión de la cosa pública, propicien acuerdos y consensos, sea del nivel que sea. Pero lo más importante, que los acuerdos se lleven a cabo.

Atacar o pretender minimizar la importancia de la unión de esfuerzos de las entidades federativas, por medio de un organismo no formal desde el punto de vista de la estructura constitucional ortodoxa, es atentar contra los avances en materia de federalismo.

Por ello, la decisión de realizar un operativo coordinado nacional, con objetivos concretos y medibles, por parte de los gobernadores, representa una decisión, que adoptada en el marco de sus competencias y obligaciones, es plausible.

El valor agregado es la simultaneidad del operativo en las 32 entidades federativas, y no en distintas regiones, como ocurre con los operativos conjuntos. Otra diferencia es que Conago 1 buscó poner énfasis en el combate a delitos del fuero común de manera sistemática.

Es obvio que los operativos de esta naturaleza causen recelo al ámbito federal, un recelo que en el fondo es queja hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades federativas por organizarse en un ánimo de coordinación institucional que en nada violenta el orden legal ni constitucional, con un espíritu federalista, en contrario al centralismo decisorio que ahoga y que debemos abandonar.

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LIC. ROBERTO PIÑÓN OLIVAS
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