La comunicación en la
trata de personas
Por Roberto Piñón Olivas
La trata de personas produce ganancias anuales por unos 9
mil 500 millones de dólares, con la explotación sexual y laboral de casi un
millón de personas en el mundo.
En México cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes son
víctimas de la explotación sexual y 85 mil son usados en actos de pornografía. En
21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
De acuerdo a la Coalición Regional Contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, de acuerdo a estas estadísticas,
México se ubica en un quinto lugar mundial en la incidencia de este fenómeno,
que tiene múltiples aristas. Una de ellas es la intervención de la comunicación
social.
Se calcula que los diarios nacionales españoles obtienen al
año 5 millones de euros por los anuncios por palabras que ofertan servicios
sexuales.
En México se desconoce la cifra, pero existen múltiples
periódicos que divulgan anuncios de servicios sexuales.
Esta práctica, en materia federal, está prohibida por la Ley
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, gracias a una reforma
autorizada y publicada en 2006.
El artículo refiere que “la persona que contrate publicidad
por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios,
que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas será
sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley”.
Dicho artículo sexto se refiere a las sanciones contra
quienes cometen el delito de trata de personas, equiparando por tanto la
conducta contratar publicidad y publicar anuncios, con el referido ilícito para
efectos de sanción.
La trata de personas por lo regular es un delito del fuero
común, salvo la presencia de delincuencia organizada o alguna situación
transfronteriza o internacional, por lo tanto para perfeccionar la efectividad
de la norma se requieren modificaciones legislativas estatales.
Es un asunto delicado no solo por la conducta delictiva que
es la explotación sexual de las personas, sino porque puede resultar tentador
vulnerar la libertad de expresión bajo el argumento legal de atacar el fenómeno
delictivo.
Sin embargo la consolidación de un marco periodístico ético
debe cruzar necesariamente por el abandono de prácticas que vulneran el tejido
social, como es el caso de los anuncios sexuales, en una tendencia armónica con
el avance internacional, donde destaca el protocolo de Palermo, acuerdo que
exige de los Estados firmantes el cumplimiento de estrategias para combatir la
trata de personas.
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