PARTICIPACION SOCIAL Y UNIDAD NACIONAL PARA LOGRAR LA PAZ

Articulista Invitado
Participación Social y Unidad Nacional para lograr la paz

Por Héctor Yunes Landa

La reciente marcha encabezada por el poeta Javier Sicilia y otros destacados miembros de la sociedad civil muestran un intento más de la sociedad civil mexicana por organizarse y participar en un aspecto neurálgico de nuestra vida nacional: la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta iniciativa merece el reconocimiento y respeto tanto de la propia sociedad como del Estado mexicano, y muy especialmente de los partidos políticos.

Saludamos la actitud receptiva y la apertura que el Gobierno Federal ha mostrado así como el anuncio del diálogo público y abierto. Es por ello relevante enfocar algunos aspectos sobre las coincidencias y divergencias que existen entre los actores políticos que han expresado puntos de vista, respaldos y condenas, en la actual situación.

La primera coincidencia es obvia: todos queremos que la paz social vuelva a México y que termine, de una vez por todas, la violencia que vive el país; sin embargo, la diferencia reside en cómo lograr esto. Las opiniones son diversas y van desde el endurecimiento radical e intransigente del Estado hasta el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, pasando por la legalización de las drogas y la negociación con los capos del narcotráfico. A pesar de nuestra visión personal, todas tienen algo que debe ser analizado en la estrategia que decida llevar a cabo el Estado, ninguna, salvo la última, puede ser desestimada.

El problema es que algunas expresiones no proponen un auténtico plan y estrategia más allá del voluntarismo y la radicalización verbal. Por ejemplo, la marcha exigió en un primer momento la renuncia irreductible del Secretario Genaro García Luna; ahora se ha dicho que no es seguro que sea punto central en el diálogo. No tengo ningún interés en defenderlo, pero no creo que esa sea la solución al problema, como no lo han sido los cambios de Procurador General de la República ni del Secretario de Gobernación; tampoco el Director de la AFI ni algunos otros mandos importantes en el esquema de seguridad nacional.

También se exige que el Gobierno Federal escuche la voz ciudadana que demanda un alto a la situación actual; el problema es, otra vez, que no se especifica qué hacer. ¿Se trata simplemente de que el Estado abdique de su deber de combatir al crimen organizado y retire a las fuerza armadas y a la propia Policía Federal Preventiva de esta lucha? ¿Se trata de dejar a la Nación a merced de estos grupos o de pactar con ellos? ¿Cuál es la Idea que se propone al Gobierno Federal?

Politológicamente visto, el hecho es que estamos en medio de una guerra –como Estado y como Nación- que dio inicio a raíz de la decisión política del Jefe de Estado para enfrentar a la delincuencia organizada; el problema es ahora como acabarla.

Pienso que el Gobierno Federal debió haber tenido en cuenta la real dimensión del problema y, en consecuencia, pudo haber decidido el mejor momento para declarar la guerra. Además, debió –como en toda guerra- haber previsto dos premisas básicas: a) medir su fuerza real y las posibilidades de ganarla, y b) unificar al Estado mexicano, o sea a los tres órdenes de gobierno y a todas las fuerzas políticas alrededor del Gobierno Federal, para declararla y poder ganarla. Lo que no puede ser es que a medio camino se muestren las insuficiencias que el Estado enfrenta para ganar y que, peor aún, el Ejecutivo mantenga un enfrentamiento con otras fuerzas del Estado y no haya podido sumar a la sociedad.

Más allá de esto, es menester preguntarse, con una visión amplia del problema, si México debió haber iniciado esta guerra, que a quien más conviene que se libre es a Estados Unidos, mientras que en esta nación existe el mercado consumidor más grande del mundo, es el principal proveedor de armas a los delincuentes y, como ha externado preocupado Calderón, tiene una marcada intención de legalizar el uso de las drogas. Si se analiza así el tema, la conclusión es lamentable y preocupante: nos toca a los mexicanos librar la guerra y poner los muertos, mientras que los empresarios estadunidenses siguen haciendo negocio con la venta de armas y sus ciudadanos consumen los estupefacientes, para que, algún día, nos digan que la guerra ya no tiene sentido y puede terminar porque las drogas ya son legales.

El ciudadano tiene miedo y con justa razón; está atrapado en medio de una guerra que no propició, que no entiende y a quien las diversas voces a favor y en contra lo confunden aún más. Amnistía Internacional señala en su Informe 2011, al referirse a México, que “la violencia explotó” y “Calderón no midió las consecuencias de su guerra”. El problema es ¡Qué hacemos con el país! cuando se habla ya de un indeseable Estado Fallido, cuando el Gobierno Federal declara que no se avizora cuándo pueda terminar esta guerra, y el horror invade a la sociedad cuando aparecen más cuerpos y más fosas clandestinas. Alguien tiene que hacer algo para detener la barbarie. El ciudadano supone que firmó un “Contrato Social” para que el Estado lo protegiera.

Me parece que México todo, Sociedad y Estado, debemos hacer una profunda reflexión antes que seguir mostrando la lamentable división que hemos exhibido. ¿Es necesaria y conveniente esta guerra? Y, de serlo, ¿Cómo debemos encararla? Pienso que, irrefutablemente, es responsabilidad del Estado diseñar y proponer el rumbo, así como convocar a un gran pacto nacional, con carácter y visión de Estado, para que todas las fuerzas que lo integran participen en la decisión y en lo posible en su ejecución. La Historia demuestra claramente que los ganadores de una guerra han sido aquellas naciones que han logrado la unidad de su Estado y, por ende, el respaldo de su sociedad. No hay otro camino. México reclama hoy más que nunca visión de Estado y liderazgo a la altura de la circunstancia histórica que vivimos.

UN SALUDO CORDIAL DE HÉCTOR YUNES LANDA.