REFORMAS A FAVOR DEL DERECHO A LA VIDA

REFORMAS A FAVOR DEL DERECHO A LA VIDA,
AVANCE PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD CIVIL

• En el Día Internacional por la Vida, grupos de la sociedad civil del país reconocieron la importancia de los cambios constitucionales que protegen a la mujer, así como a los niños y niñas de México por nacer

Las reformas aprobadas a favor del derecho a la vida en 18 estados de la República han sido apoyadas por la sociedad civil y aprobadas por las fracciones del PRI, PAN, PVEM, PANAL, Convergencia, partidos locales e incluso el PRD, ya que están encaminadas a defender la dignidad humana de las personas y sobre todo de los niños y niñas por nacer.

Al conmemorarse hoy, 25 de marzo, el Día Internacional por la Vida, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron un reconocimiento a los congresos y gobiernos estatales que han plasmado en su Constitución la protección, defensa y reconocimiento del derecho a la vida desde su inicio en la concepción.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones Familia Fuerza del Futuro de Puebla, Red Pro Yucatán, Instituto Formación en Valores para la Familia de Durango, Instituto Académico de Desarrollo Social, Foro Transformador de la Sociedad de Querétaro, Asociación por la Vida de Puebla, Mujeres en Acción de los Altos de Chiapas, Código Mujer de Morelos, Médicos por la Vida de Puebla, Instituto de Apoyo a la Familia de Puebla, Puente de Amor de Querétaro, Grupo Vida Oaxaca, No Calles A.C. de Puebla, Unión Nacional de Padres de Familia Comité Puebla, Unidos A.C., VIFAC de Puebla, Instituto Académico de Desarrollo Social de Puebla, Asociación Cívica Femenina de Puebla, Instituto Ágora, Edufamilia de Puebla, Red Familia Durango, Sé Mujer Centro de Estudio y Reflexión de la Mujer de Veracruz, Unión de Damas por una Vida Mejor A.C., Por los Derechos de las Mujeres Indígenas, Grupo Unificado de la Mujer Poblana y Red de Mujeres Poblanas, entre otras, subrayaron que la protección al derecho a la vida, desde el momento de la concepción, es ya una garantía explícita en la Constitución Política de 18 entidades del país, como respuesta a una demanda de la sociedad civil.

Lo más importante, dijeron, es que estas disposiciones constitucionales responden a un interés ciudadano, pues buscan beneficios en el orden jurídico y social para las mujeres, ya que salvaguardan los derechos de la madre y de los concebidos, por lo que no queda uno por encima del otro, sino que ambos se complementan.

Ivette Laviada, de la Red Pro Yucatán, que aglutina a 47 organizaciones de la sociedad yucateca, explicó que en el caso de su entidad la reforma fue aprobada por las fracciones del PRI, PAN y el partido local, con solo un voto en contra, lo que muestra el apoyo que tienen este tipo de cambios legislativos, pues al mismo tiempo se modificó el Código Penal para sustituir la pena de cárcel para la mujer que aborte por atención médica integral, además de que se dejaron intactas las exclusiones que eliminan la pena en casos de aborto por violación, cuando esté en peligro la vida de la madre y por malformación congénita del bebé.

Una reforma similar, agregó Claudia Simental, del Instituto de Formación en Valores para la Familia, se realizó en Veracruz, Chiapas, Durango y Jalisco, mientras que en Querétaro se optó por sustituir la pena de cárcel por trabajo a favor de la comunidad.

Incluso en Chiapas, donde la iniciativa se votó por unanimidad (con el voto mayoritario del PRD), los cambios legislativos hicieron posible la excarcelación de dos mujeres que se encontraban presas por el delito de aborto. En tanto que en Veracruz una mujer indígena obtuvo su libertad a consecuencia de la ley a favor de la vida.

Reina Suárez, de la Asociación por la Vida de Puebla, detalló que la defensa del derecho a la vida realizada en 18 estados de la República va en línea con los acuerdos, tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto de San José y la Convención de los Derechos de los Niños, entre otros.

Por ello, dijo, es importante que los gobiernos y los congresos estatales trabajen en el reforzamiento de las políticas públicas y de salud a favor del derecho a la vida y al mismo tiempo el Estado acompañe a la mujer en una etapa tan importante como es la maternidad.

"Sería injusto despenalizar el aborto, ya que en la práctica se generaría un estado de indefensión para las mujeres que son víctimas de algún delito y que por esa consecuencia pierden al bebé que estaba por nacer, como podría ser el caso de violencia intrafamiliar”, agregó Reina Suárez.

La legislación actual establece una sanción penal para esta práctica que data de muchos años atrás, en consecuencia, no puede ser un derecho.

Por ello, las organizaciones dejaron en claro que la mujer no tiene derecho a abortar, sino a que no se le aplique la pena de cárcel si comete o lleva a cabo la cancelación del embarazo en caso de violación, por malformación genética del bebé, cuando está en riesgo la vida de la madre, por accidente y por inseminación no consentida.