La Cámara de Diputados presentó una denuncia penal contra de quien resulte responsable por espionaje en sus sistemas de telefonía y de datos.
En San Lázaro se detectaron equipos tecnológicos que acreditarían una posible red de espionaje en oficinas de diputados de todos los grupos parlamentarios.
Las oficinas del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que desde el 15 de diciembre ocupa el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), la Coordinación Administrativa y al menos otras cuatro áreas de San Lázaro fueron clausuradas para su revisión, tras hallarse tecnología empleada para el espionaje de comunicaciones de voz y datos.
Pero los equipos fueron hallados en oficinas de legisladores del PRI, PAN y PRD, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Armando Ríos Piter.
Los equipos se hallaron “en un buen número de oficinas de distintos integrantes del Poder Legislativo de todos los partidos políticos”, reveló. Esta es la primera ocasión en que se confirma en San Lázaro la existencia de tecnología de espionaje, caso que fue detectado el lunes de la semana pasada, cuando iniciaron las indagatorias internas.
Ayer, los líderes de PRI, PAN y PRD, junto con Acosta Naranjo, acordaron acudir a la PGR.
También fueron resguardados el salón “tras banderas” de acceso exclusivo para los integrantes de la Mesa Directiva y la Dirección de Tecnologías de la Información, en el Edificio E, la Coordinación Administrativa y el despacho del presidente de la Cámara Baja. En algunas de esas áreas fueron hallados equipos “sofisticados” y documentación, como transcripciones de conversaciones telefónicas y respaldo de documentos generados en equipos de cómputo de otras áreas de la Cámara de Diputados.
Por eso se pidió el peritaje de expertos ajenos al área de resguardo legislativo, para verificar el tipo de aparatos encontrados.
También se desplegó un dispositivo de seguridad en varias áreas de San Lázaro, en tanto se ordenó al secretario Fernando Serrano, y a la Dirección Jurídica proceder penalmente ante “las anomalías detectadas en los sistemas de comunicación”.
Por la noche, la Cámara Baja informó en un comunicado que el espionaje, que legalmente es ataques a las vías generales de comunicación, “daña la dignidad de las personas, genera desconfianza de la sociedad y atenta contra el Poder Legislativo. “No vamos a permitir que estas acciones queden impunes, y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
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