CANDIDATA CON UN PASADO OSCURO

LAURA FERNÁNDEZ, CANDIDATA CON PASADO Y CUENTAS POCO CLARAS

Una compra ficticia de la que se salvó por prescripción, cercanía con Succar Kuri y un poco más en la carrera de vida de la candidata del PRI a la diputación por el distrito III en Quintana Roo 

Por Hugo David Pérez / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y al autor

Cancún, Qna. Roo., a 30 de abril de 2012

En plena campaña electoral, la priísta Laura Fernández anunció que ya electa el próximo 1 de julio como diputada federal, pedirá la presidencia de la Comisión de Turismo “para garantizar mayor bienestar para los trabajadores y sus familias”. Lo que pocos recuerdan es que la ex diputada local ya tuvo la oportunidad de servir en el área turística cuando fue, precisamente, directora de Turismo y Relaciones Públicas en el gobierno de Magaly Achach de Ayuso en 2001. 

Fue durante esos años cuando en la Contraloría municipal se le siguió un abultado expediente por la irregular compra que ascendía a 125 mil 400 pesos de 500 libros que nunca aparecieron y que a pesar de haber sido declarada como responsable, fue rescatada por el poder gubernamental. La idea de la priísta no era la promoción de la lectura, sino mostrar Cancún a los visitantes distinguidos, aunque los libros nunca fueron vistos después de años de investigación. 

El expediente tuvo su curso durante el gobierno de Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005), que llegó a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México (aunque después iría preso y ahora forma parte de la porra oficial de Félix González Canto y de la misma Laura Fernández). 

Según consta en documentos oficiales del municipio de Benito Juárez (expediente 04/2003), mediante la póliza de cheque 5663, a nombre de José Alfredo González Díaz, fueron destinados 125 mil 400 pesos para la compra de libros Cancún Life, el 16 de febrero 2001, mediante la factura 134 A; esto, con pago de IVA de manera indebida, de acuerdo a la documentación de Contraloría, dado que sumaron 11 mil 400 pesos por ese concepto cuando la ley lo exenta, según el artículo 9 F-III de la LIVA. 

Entre las groseras irregularidades detectadas por la Contraloría, advierte la autoridad que la orden de compra es de fecha 7 de febrero de 2001, posterior a la fecha de elaboración de la factura, una de las pistas más firmes que levantaron las sospechas. 

Para realizar la operación, el trámite ni siquiera pasó por cotización en la Dirección de Recursos Materiales, como lo establece la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionadas con Bienes Muebles del Estado; que menciona en el artículo 35 que las compras mayores de 49 mil 500 pesos deben ser autorizadas por dicho Comité de Compras. Además, el mayor de los agravantes es que la mercancía nunca ingresó al almacén municipal. Nadie la vio. 

De acuerdo al documento, fue la misma directora de Turismo y Relaciones Públicas, Laura Fernández de Gordoa la que tendría que haber recibido la mercancía, en este caso los 500 libros. Quizás nunca imaginaron desde el PRI que perderían las elecciones contra el pequeño partido del tucán. 

Ya en el campo de la investigación, los trabajadores del Ayuntamiento contactaron a la editorial Viva S.A. de C.V., y se entrevistaron con Rosa María Calcáneo, quien expresó: “La revista no cuenta con distribuidor alguno”. Y detalló que el Ayuntamiento de Benito Juárez nunca solicitó más de 25 ejemplares. Es que en realidad, la compra se hizo a través de la comercializadora GoMa de Alfredo González Díaz, y a un precio 150.8 por ciento más caro que el que reportaba la editorial, de 10 dólares por ejemplar, contra los 228 que pagó el Ayuntamiento a GoMa.

La investigación se dirigió al banco Bital que expidió el cheque y después a Mérida, donde se entrevistaron con el mismo González Díaz (quien supuestamente habría facturado), pero el propietario manifestó que nunca expidió la factura 134 A y negó todas las firmas y haber recibido el cheque en cuestión. La factura lleva la firma de Laura Fernández de Gordoa, con un detalle que dice: “Presentes a visitantes distinguidos y promoción del destino turístico Cancún con operadores turísticos”. 

La documentación que aportó el banco Bital condujo a quien cobró el cheque: Francisco Cruz Echeverría, quien trabajaba en ese entonces en la Dirección de Fiscalización, en el área de inspección fiscal. La conclusión del expediente hasta ese entonces es contundente: la compra es ficticia. 

El 18 de febrero de 2003 la Contraloría municipal le informa a la actual candidata a una diputación que se le iniciaba un proceso por esta compra irregular. Y tanto Francisco Cruz Echeverría como Laura Fernández fueron citados. Pero sólo el primero dio la cara. “A mí me mandaron a cobrar un cheque sin saber de qué se trataba”, dijo en su alegato Cruz Echeverría. “Lo que me acuerdo de este cheque es que salió de tesorería del Ayuntamiento”, dejó por sentado, y agregó que no sólo él, sino sus compañeros eran mandados a depositar y cobrar cheques y otro tipo de diligencias. 

La cita para Laura Fernández era el día 28 de febrero de 2003. En su representación fue Karina Noemí Carrillo Martínez, quien dijo: “no es voluntad de mi representada aceptar la invitación a comparecer, toda vez que el documento enviado a la misma no puede ser considerado de ninguna forma como un citatorio, puesto que mi mandante jamás ha recibido la notificación del supuesto procedimiento, por carecer de fundamentación legal alguna”. 

En el segundo punto que quedó asentado en el despacho jurídico Carrillo Martínez, refiere: “mi mandante desconoce (los hechos imputados) por no habérselos hecho saber esa autoridad previamente… la suscrita considera pertinente desde este momento oponerles la excepción de Prescripción de la Acción previsto por la fracción I, del artículo 74 de la ley, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término. El simple hecho de que, al no haber señalado esa autoridad a mi representada que su supuesta responsabilidad deriva de un beneficio económico, por ende se infiere que el mismo ni fue estimable en dinero”. 

Durante la audiencia pública del 8 de abril de 2003, en las oficinas de la Contraloría, ante el titular de la dirección jurídica, César Eslava Melo, declaró la testigo Lizbeth Eloísa Rubio, ex secretaria del tesorero: “respecto a la factura, quiero decir que para que haya salido para su cobro debió estar firmada por el director responsable que en todo caso fue la licenciada Laura Fernández de Gordoa, el director de recursos materiales, el oficial mayor para que pueda entrar el cheque para la firma de presidencia…el dinero obligatoriamente se le debió de haber entregado a la señora Laura”.

En septiembre de 2003, el contralor Rafael Pliego Cepeda, hace constar las irregularidades encontradas en el expediente contra Laura Fernández y Francisco Echeverría por “falta de firmas diversas”. Sin embargo, el 21 de marzo de 2004 gira un nuevo citatorio a Laura Fernández para que comparezca, como lo establece la Ley, ya imputada en la compra de 500 libros Cancún Life, el día 16 de febrero de 2001. La cita es fijada para el 12 de abril de 2004, bajo el acuerdo de la Contraloría de 24 de marzo, posteriormente, el entonces contralor, Pliego Cepeda, gira un nuevo citatorio para el 6 de mayo, a las 10 horas. 

Con el ingreso de Francisco Alor Quezada al gobierno municipal en abril de 2005, el panorama cambia. Toma la contraloría Alonso de Jesús Alonso Rodríguez, quien en agosto toma una resolución absolutoria tanto de Cruz Echeverría como de Laura Fernández. Esto, a pesar de que el documento detalla que existe la factura por los 125 mil 400 pesos, que se pagó indebidamente el IVA, que no existen antecedentes de que dichos libros hayan entrado al almacén municipal, que esta compra fue supuestamente recibida por Laura Fernández de Gordoa; y aún cuando el pago se hizo efectivo (según consta en el resumen bancario), y la factura cuenta con las firmas de Magaly Achach de Ayuso, entonces alcaldesa, la oficial mayor Candelaria Quintal González, y Laura Fernández de Gordoa. 

El flamante contralor advierte que existen inconsistencias en la integración del expediente: “no contiene el acuerdo mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo… no se cumplió con la obligación de hacer la investigación correspondiente y en su caso dar inicio al procedimiento administrativo en términos de la Ley de la Materia.” Argumentó que la representante legal de Fernández de Gordoa hizo valer la excepción de prescripción de la acción (de tres años), por lo tanto resolvió que la denuncia prescribió, motivo por el cual no dio lugar a fincarle responsabilidades por los actos señalados.

El caso de los 500 libros nunca leídos, nunca vistos, quedó así cerrado.



VINCULAN A LOS GORDOA CON CASO SUCCAR KURI

Los Fernández Gordoa (Laura y su ex esposo Carlos) no han estado ajenos a los escándalos. En la edición del 9 de marzo de 2008, el periódico La Jornada publicó un reportaje bajo el título: “Ligan a esposo de diputada con el caso Succar Kuri.“

En una nota del corresponsal Mauricio Conde se decía que cinco años después de que estallara el escándalo de Jean Succar Kuri, acusado de pornografía infantil, se descubrió que Gordoa Publicidad, empresa dedicada al manejo de imagen y propaganda que más utiliza el PRI en la entidad, propiedad del esposo de la entonces diputada local electa por ese partido, Laura Fernández, tenía el mismo domicilio que las oficinas administrativas del empresario libanés y también de la principal acusadora del supuesto pederasta, Edith Encalada Cetina.

Según la información, en el número 34 de la calle Pecarí, supermanzana 20, manzana cuatro, Gordoa atendía servicios de planeación, contratación de medios, monitoreo de campañas publicitarias y comerciales de televisión. Así lo daba a conocer la guía telefónica local de 2002, página 553, de la Sección Amarilla de Cancún.

Al revelarse el video en que Succar confiesa sus perversiones sexuales, el Ministerio Público sospechó sobre la autoría del audiovisual a Gordoa Publicidad, procedió a verificar sus propiedades y confirmó que sus oficinas estaban justamente en la casa de Pecarí 34. 

En la investigación se revela que todo quedó registrado en el oficio 330/2003 de la coordinación de planeación, desarrollo e innovación institucional de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, Departamento de Fotografía, por Alejandro Trejo Flores, quien realizó la “fijación fotográfica” del inmueble de acuerdo con la averiguación previa PGR/447/2203-IV.

“Destaca que en reiteradas ocasiones –sigue la nota– el Ministerio Público exigió la verificación del inmueble, en las fechas en que Carlos Gordoa tenía allí sus oficinas, pero los agentes cayeron en omisiones, pues permitieron que Gordoa Publicidad cambiara de manera urgente sus equipos, pero quedó activa la línea telefónica, el número 887-99-74, a nombre de Carlos Francisco Gordoa Palma y Meza”, concluye el reportaje./

SANCIONA IFE ESPECTACULARES DE LAURA FERNÁNDEZ 

El pasado 24 abril el Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó a la candidata a la diputación por el distrito III, Laura Fernández Piña, retirar en el término de 24 horas la propaganda ubicada en el estadio Andrés Quintana Roo, dado que viola la normatividad electoral. Además, en plena campaña, la candidata obtuvo una amonestación pública que seguramente le resta puntos frente a Marybel Villegas, la candidata de PAN, que cuenta con apoyo en las colonias.

La noticia sobre el revés a Laura generó satisfacción oculta en las propias filas del priísmo, donde la ex diputada tiene a su principal enemigo: la estructura. Muchos no le perdonan sus desavenencias con Víctor Viveros Salazar, dos veces candidato a la presidencia municipal, quien en la última elección perdió contra Gregorio Sánchez Martínez. 

Tampoco que durante el proceso electoral de 2010 se haya aliado al perredista Julián Ricalde Magaña para operar en contra de la candidata priísta a la presidencia municipal de Benito Juárez, la profesora Guadalupe Novelo, en venganza por dejar fuera de la contienda a la propia Laura Fernández. Ahora, la candidata deambula pidiendo el apoyo de sus correligionarios y muchos simulan dárselo. “Le decimos que sí, pero votaremos en contra”, dicen con sorna. 

“Por favor, échenle la mano a Laura”, repite Félix González Canto en las colonias donde habla con las lideresas que, al escuchar el nombre, dan vuelta la cara. No menor es la reacción cuando el ex gobernador lo hace con estratos sociales más acomodados, en los que no le perdonan a Laura el haber sido quien presentó y logró que se aprobara la ley que penaliza el aborto en Quintana Roo. 

Apenas arrancó la campaña, los panistas detectaron que la ex diputada mandó colocar espectaculares en estructuras del estadio Andrés Quintana Roo, que se ubica en la avenida Kabah y avenida la Luna; y al ser el inmueble un bien público (según demostraron los terrenos son de Ayuntamiento de Benito Juárez), la propaganda viola la normatividad. 

Precisamente, el artículo 235 párrafo 1 del Código Federal Electoral establece que en las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y de los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.

En respuesta, el representante del PRI (Laura no se presentó a la audiencia) llevó un contrato celebrado con Carlos Francisco Gordoa Palma y Meza, para la prestación de espacios publicitarios entre espectaculares en el espacio, ubicado en la avenida Kabah entre avenida Mayapan y avenida la Luna; la documentación consiste en un contrato de publicidad entre Valla Soccer de México S.A. de C.V. para la prestación de espacios publicitarios y espectaculares, en el espacio ubicado en la avenida Kabah, entre avenida la Luna y avenida Mayapan. Pero el argumento no prosperó y el fallo le fue adverso. 

Lo que quedó como un hecho firme es que el estadio Andrés Quintana Roo seguirá siendo considerado un bien público, según se comprueba con la copia certificada del Contrato de Donación de fecha 28 de noviembre del 2000, inscrito ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Estado de el día 23 de febrero del 2001 (folio 151116)./

OSCURO PASO POR LA LEGISLATURA

Como presidenta de la Comisión de Hacienda en la pasada Legislatura, Laura Fernández fue una de las piezas fundamentales del engranaje que abrió el camino a la colosal deuda que arrastra Quintana Roo. Así lo ha señalado en diferentes oportunidades el diputado Baltazar Tuyub Castillo, quien sostiene que la ahora candidata a una diputación federal tendrá una responsabilidad histórica, dado que se comprometieron recursos públicos hasta por los próximos 25 años. 

Son oficialmente 13 mil millones de pesos los que adeuda Quintana Roo en créditos bancarios y la bursatilización de la deuda, a los que sumarían otros no menos de 10 mil millones que son deuda “oculta”, como reveló la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana. 

Como presidenta de la comisión, su aval fue fundamental para llevar el proyecto de empréstitos al pleno y de ahí aprobarse, sin ninguna oposición. 

En su paso por el Congreso del Estado también se le recuerda por la fuerte oposición al proyecto de re-avalúo catastral del municipio de Benito Juárez, que en ese entonces era gobernado por el PRD. Fernández dijo que era un golpe al bolsillo de los contribuyentes, pero la regidora Latifa Muza Simón impulsó una controversia constitucional que finalmente ganó el municipio, amparado en la autonomía de artículo 115 constitucional. Pero el daño a las arcas ya estaba hecho, la Comuna dejó de percibir alrededor de 200 millones de pesos por concepto de impuesto predial. 

No menos cuestionada fue su postura para penalizar el aborto, cuando la tendencia nacional y mundial va en sentido contrario, esto es, en defensa de las libertades individuales de las mujeres que son víctimas de abuso sexual. Incluso, una mujer maya fue presa por haber abortado gracias a la “Ley Piña”.