CONTRACOLUMNA

Contracolumna

FÉLIX GONZÁLEZ CANTO: "EL QUE NO TRANZA NO AVANZA"

Por José Martínez M. (*) 
Se autoriza reproducción con crédito al autor

México, D. F., a 16 de abril de 2012

Quintana Roo ha dejado de ser un tema local. La corrupción en Quintana Roo, la impunidad y un largo etcétera que llega a las mafias del crimen organizado, hacen de esta entidad un asunto de seguridad nacional. No es ajeno a todo esto el ex gobernador Félix González Canto y otros ex gobernantes y funcionarios. Félix está obligado a rendir cuentas. El Congreso del Estado tiene una magnífica oportunidad para reivindicarse, para recuperar su dignidad. Ningún otro poder puede ni debe pisotear a esta representación que es donde reside la soberanía del estado.

¿Por qué Félix González Canto debe ser sometido a juicio político? 

La pregunta tiene muchas respuestas. En primer lugar porque desde el poder Félix pervirtió a las instituciones de la entidad utilizándolas para sus fines personales. Endeudó al estado comprometiendo el futuro de nuevas generaciones; utilizó fondos del erario para promover su imagen lo cual constituye un delito que debe ser sancionado, incluso por la vía penal; se benefició de la tragedia, sus familiares aparecen en las listas de los grandes damnificados por los huracanes; se apropió indebidamente –con la complicidad por supuesto– de numerosos juegos de placas de taxis, y se dio el lujo de “pagar” con varios juegos de éstas concesiones algunas propiedades millonarias que adquirió antes de terminar su mandato, corrompió y manipuló a los medios, así, además, incurrió en un manejo indebido y fuera de todo marco legal del sistema quintanarroense de comunicación, violó las más elementales leyes electorales y el IFE ha exigido a las autoridades estatales que se le sancione; se enriqueció ilícitamente, bastaría hacer un arqueo a su situación patrimonial; realizó operaciones con dinero de procedencia ilícita; se benefició con el usufructo de concesiones portuarias; adquirió aeronaves para uso particular –con operación a cargo del erario– aún después de su encargo; su gobierno se vinculó al crimen organizado al otorgar una concesión de un penal a miembros de un cártel y como cereza en el pastel incurrió en el delito de nepotismo, parientes por aquí parientes por allá, todos con cargos en la administración pública, lo que implica que debe ser inhabilitado y sancionado por la ley de servidores públicos del estado. 

Valiéndose de su cargo como gobernador Félix González Canto logró acumular una inconmensurable fortuna que lo hacen ahora uno de los hombres más ricos de Quintana Roo, en una especie de los personajes de la revista Forbes, claro realizando jugosos e inmorales negocios con factura al erario público. Hasta da gusto ser gobernador.

Para nadie es un secreto en Quintana Roo que Félix González Canto recurrió al uso de las arcas públicas como fuente de financiamiento para su enriquecimiento y sus ambiciones políticas.

Como muchos de los nuevos ricos –en especial los políticos depredadores, que no llegan a servir sino a servirse– a Félix González Canto lo ocurre lo que a éstos “si no exhiben su poder y su dinero, no existen”.

Por eso el ex gobernador de Quintana Roo acuñó como suya la famosa frase del vulgo: “el que no tranza no avanza”. A tal grado que sus asesores le aconsejaban que a esta frase la patentara como de su autoría, porque esa terminó siendo la “filosofía” de su gobierno. Por eso muchos se preguntan ¿dónde quedaron los 25 mil millones de pesos con los que endeudó Félix a Quintana Roo? 

No es fortuito que esta entidad del Caribe sea vista como la “pequeña Italia”. Aquí los jefes mafiosos hacen tratos con políticos de Cozumel y de Chetumal, que, a su vez, apoyan a los líderes regionales. Y todos ellos comparten una lucha contra el aparato de justicia. Pero, ¡ay de aquel periodista que ose hablar de ello! De inmediato se convierte en un “extorsionador profesional”, en un “corrupto”, por el simple hecho de denunciar toda esta cadena de atrocidades.

Es por eso que el caso de Félix González Canto me recuerda el del político italiano Salvatore Cuffarò, Totò para sus amigos. Este político siciliano que fue condenado por complicidad con mafiosos, fue elegido senador. Como Félix González Canto, Salvatore Cuffarò impuso el clientelismo como la base de la vida política, económica y social del sur de Italia. ¿Alguna semejanza con Quintana Roo?

La candidatura de Félix como senador ofrece una imagen muy útil de cómo la mafia piensa y habla de política. "Félix es lo mejor que podíamos pedir". “Esperemos en que gane el PRI". "Peña Nieto para resolver sus problemas, tiene que resolver también los nuestros", asegura uno de los hombres cercanos a Félix González Canto.

Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó Félix al poder en 2005, comenzó a librar una campaña implacable para debilitar los poderes del aparato judicial y legislativo, que terminó sometiendo a él. Por eso, Félix y varios colaboradores suyos han eludido diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la mafia. 

Uno de los mejores amigos de Félix fue Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”, el propio Félix le llamó a Luis Carlos Carrillo para mostrarle su “solidaridad” y decirle que las críticas y señalamientos en los medios de que era un miembro de la mafia, eran “una campaña de chantaje”, que él (Félix) "he hablado con nuestros amigos de la PGR y me han dicho que está todo controlado". 

Durante su gestión como gobernador Félix le otorgó una concesión a Luis Carlos Carrillo Cano para la ampliación del penal de Cancún. Carrillo se ostentaba como un “exitoso constructor” hasta que hace un año fue ejecutado en esa ciudad. 

Esa relación muestra cómo la mafia se ha insertado en la vida política de Quintana Roo. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos de la entidad, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.

Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el gobierno. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral presidencial está la criminalidad y la seguridad pública. Para ocuparse de ellos, el gobierno tendrá que cambiar de política penal y quienes estén vinculados a estas mafias deben someterse a rendición de cuentas.

Algo debe hacerse, pues la colaboración entre las mafias y el Estado comienza a ser tan estrecha que no sabe uno dónde terminan aquéllas y comienza éste.

Así no es ninguna novedad que algunos personajes como Félix que buscan captar y capturar a la política para hacer sus propios negocios y sus propios intereses, de esa manera durante su gestión –si se le puede llamar así- todos los días buscó condicionar las decisiones del gobierno para reflotar su poder económico que venía ejerciendo paralelamente, guiado desde luego por la máxima del profesor Carlos Hank González quien sostenía que “un político pobre es un pobre político”. Félix González Canto siguió a pie juntillas el aforismo del Profesor.

En Quintana Roo como en otras entidades del país, ha quedado claro que como si no fuera suficiente el drama de las mafias de los narcotraficantes, el país se ha visto arropado por nuevas mafias, escondidas, en las cuales interactúan representantes de la política, el gobierno y el sector privado.

La función de estas mafias es saquear las finanzas públicas para beneficio personal. Mafias de contratistas que lavan dinero se infiltran en la administración pública. Por ese motivo en Quintana Roo durante el gobierno de Félix González Canto se clasificaron muchas de las operaciones financieras del gobierno como “reservadas” o “secretas” hasta por un lapso de 20 años. No existe la más mínima transparencia para el sector público, de tal manera de que no hay herramientas para luchar contra la corrupción. Ese es el legado que dejó el ex gobernador Félix González Canto que sin rubor busca ahora un escaño en el Senado de la República para mantener su coto de impunidad.

En Quintana Roo están corrompidas las estructuras de poder, no hay una gobernabilidad democrática por eso es preocupante el trinomio violencia con mafia y política. La tragedia consiste no sólo en que la mafia se involucra en la política, sino en que es la política la que instrumentaliza la mafia. De ahí la necesidad de atacar la impunidad social, política y judicial. 

A nadie escapa la indebida intervención en política de funcionarios públicos, no sólo para favorecer, sino para coartar la competencia política. Se debe garantizar que los recursos públicos no se utilicen para favorecer ni para perjudicar a nadie.

Ahí está el caso del “pacto” entre Félix y Gregorio “Greg” Sánchez Martínez quienes más que “negociar”, tranzaron, de la manera más burda, la candidatura al Senado de la República ¿A cambio de qué?

Para nadie es un secreto cómo se negoció al respecto, pero nadie hace nada. Por eso tanta impunidad. 

Si no se adoptan medidas correctivas, incluso el gobierno estará en riesgo porque las organizaciones mafiosas siguen fortaleciéndose en el Caribe. La delincuencia seguirá campeando en el país porque están dadas las condiciones para que así ocurra. El caso de Quintana Roo es un ejemplo. La gobernabilidad está en entredicho.

Por eso los diputados del Congreso local deben actuar con madurez, de modo a evitar que en los próximos años aparezcan los problemas que azotan actualmente a otras entidades como Nuevo León o Chihuahua donde la descomposición social es alarmante por las complicidades de las autoridades políticas con las mafias del crimen organizado. En ese sentido Quintana Roo ya ha experimentado procesos dolorosos, un ex gobernador está tras las rejas por sus vínculos con el crimen organizado. 

El tema de fondo es la corrupción política y la impunidad.

Félix González Canto privilegio sus intereses personales y puso en riesgo al estado. Para empezar incurrió en un abuso autoritario del poder. Como solía decir Lord Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Tal sentido sigue estando presente y predomina en el Caribe como referente de los tipos de abuso del poder, como aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen. 

El manejo de la deuda pública de Quintana Roo por el gobierno de Félix González Canto evidenció un manejo deshonesto de recursos públicos, por tal motivo los miembros del Congreso y del poder judicial deben sancionar las conductas no sólo de funcionarios públicos sino también aquellas dirigidas hacia actividades del estado que estuvieron involucradas en su manejo. 

En el campo jurídico es necesario aplicar la ley con mano firme mediante un juicio político al ex gobernador, sino además los legisladores deben de trabajar en mejores leyes contra la corrupción no sólo porque esta no sólo sea política en cuanto que en ella estén envueltos políticos sino también en cuanto que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella y que estas políticas y normas crean fuertes restricciones al actuar político.

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que uno pudiera esperar. En primer lugar, no hay que perder de vista que la corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva sino también un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro.

En el fondo, los actores políticos sobre todo en los casos de corrupción oficial y no personal casi nunca están dispuestos a renunciar completamente a esta forma de influencia. Así, por ejemplo, con Félix González Canto en Quintana Roo se vivió un auge de la corrupción. Abundaron los excesos en que podían estar involucrados lo mismo políticos que particulares, a tal grado que no se cuestionaba nada. Tan es así que la corrupción ha llegado a tal grado que constituye un factor de desestabilización y deslegitimación del sistema político, pues no hay nada más virulento en una democracia que la corrupción.

A propósito del “Caso Félix”, Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que "se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder". 

Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio: "Se designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares".

La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político desviado" (falta de ética política); "conducta política contraria a las normas jurídicas" (falta de ética jurídica y política); y "usurpación privada de lo que corresponde al dominio público". Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares. La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural. 

Visto así, en el “Caso Félix” hay mucha tela donde cortar. Hay argumentos jurídicos para un juicio político, sus atrocidades cometidas desde el poder están documentadas. Sería inconcebible que el Congreso local dejara pasar por alto, una oportunidad como esta para reivindicarse y recuperar la confianza y la esperanza en las instituciones. De otra forma pasarían a ser cómplices por omisión o convicción.