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Terror y lucro

Por Roberto Piñón Olivas

El acontecimiento ocurrido en Monterrey, específicamente en el Casino Royal, difícilmente puede describirse desde el punto de vista jurídico como un acto de terrorismo, aún y cuando comparta algunos elementos del concepto señalado como delito por el marco jurídico penal federal.

Es cierto que los criminales provocaron incendio y a través de él atentaron en contra de decenas de personas. Sin embargo, la finalidad del terrorismo no es únicamente producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, como ocurre indudablemente con este tipo de sucesos delictuosos, sino el objetivo último del terrorista es atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para qué tome una determinación.

Atentar contra la seguridad nacional sería, por ejemplo, atacar instalaciones estratégicas desde el punto de vista de las comunicaciones. Tampoco hasta el momento se conoce que haya una reivindicación oficial o un pliego petitorio.

Las indagatorias arrojan que el grupo delictivo pretendió presionar al propietario del negocio para pagar una cierta cantidad de dinero, lo que en términos jurídicos se conoce como extorsión, esto es, quien busca un lucro a través de un hacer o un no hacer causando un perjuicio patrimonial a alguien.

Fuera de estas consideraciones, coloquialmente pudiera considerarse innegable que acciones de esta naturaleza causan temor en la población, con lo cual efectivamente encuadran parcialmente en el concepto terrorismo.

Ahora bien. La Real Academia Española, al estudiar el vocablo, en una de sus acepciones, se refiere a él como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Desde el punto de vista coloquial parece más correcto referirse al mismo desde este punto de vista: no es el hecho en concreto ocurrido en Monterrey, sino la sucesión de estos: Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, los que sumados integran el concepto terrorismo, donde los diversos grupos criminales provocan temor en la población, y desde un punto de vista genérico, tal vez indirecto, tratan de disuadir a la autoridad de cumplir con su cometido.

Tiene razón Miguel Carbonell, el estudioso constitucionalista, al señalar que desde un punto de vista técnico no estamos frente a un acto terrorista, sino un multihomicidio con todas las agravantes.

Sin embargo, la delincuencia utiliza el terror como un elemento que acompaña a sus actos de lucro criminal que deben ser combatidos con inteligencia y fuerza, y sobre todo, desde la reconstrucción social, en la cultura, la educación, los valores, la ética y la solidaridad en las comunidades.

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LIC. ROBERTO PIÑÓN OLIVAS