silvia.otero@eluniversal.com.mx
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabeza la lista
de 16 dependencias y entidades del gobierno federal en las que durante 2011 se
detectaron irregularidades en el patrimonio de sus servidores públicos por un
monto superior a los 250 millones de pesos, por lo que se dio vista a las
autoridades administrativas y penales, ante la sospecha de posible
enriquecimiento ilícito.
El Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 revela así las acciones emprendidas para detectar y
sancionar a los funcionarios cuyos bienes y recursos contrastan con las
percepciones que tienen por sus cargos o actividades empresariales o
financieras, cuyo origen lícito no pueden acreditar.
Se detalla en el documento que entre enero y diciembre de
2011 “se detectaron inconsistencias patrimoniales por un monto de 251 millones
400 mil pesos en el análisis de la situación patrimonial de 36 servidores
públicos”.
Los funcionarios bajo sospecha pertenecen a 16 dependencias
y entidades de la administración pública federal, “mismas que fueron
notificadas a las áreas sancionadoras con el propósito de que tomaran las
acciones conducentes en los ámbitos administrativo y penal”.
Aunque el informe no señala a presuntos responsables, ni
cuántos de estos casos concluyeron en denuncias penales ante la Procuraduría
General de la República (PGR) para ejercitar la acción penal por el delito de
enriquecimiento ilícito contra los servidores públicos implicados, el documento
sí señala que la CFE encabeza la lista de instituciones o entidades del
gobierno federal en las que se detectaron las irregularidades en la situación
patrimonial de los 36 funcionarios.
A esta relación se suma PMI Comercio Internacional, S.A. de
C.V.; la PGR, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como Caminos y Puentes
Federales (Capufe).
También se detectaron anomalías en los bienes y recursos de
servidores públicos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fondo de Cultura Económica
(FCE) y la propia Secretaría de la Función Pública (SFP).
En la lista se incluye a funcionarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes (SAE-SHCP), del Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como
de la Comisión Nacional del Agua (CNA).
En el caso de la CFE, actualmente se dirime en el Juzgado
Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales el caso de su ex
director de Operaciones, Néstor Moreno Díaz, quien está acusado de
enriquecimiento ilícito por 33 millones de pesos, ya que presuntamente recibió
sobornos millonarios por parte de empresas trasnacionales a cambio de contratos
que reportaron ganancias a las compañías implicadas por más de 100 millones de
dólares entre los años de 1997 y 2003.
No hay comentarios:
Publicar un comentario