MALECON CANCUN, LA JOYA DE LA DISCORDIA

MALECÓN CANCÚN, LA JOYA DE LA DISCORDIA

Ante la debacle económica que representa para el Ayuntamiento de Benito Juárez el pago de una antigua deuda con la dependencia federal, FONHAPO, el alcalde Julián Ricalde Magaña, insistió con la venta de Malecón Cancún, que ya cuenta con el blindaje de un juicio administrativo que impugnó su venta en la administración anterior

Por Enrique Huerta * / Luces del Siglo (*)
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autor

Cancún, Q. Roo., a 19 de enero de 2012

Cada vez que las deudas amenazan las arcas del municipio de Benito Juárez, las miradas se dirigen sistemáticamente a las 5.4 hectáreas que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) le cedió a la Comuna, cuyo valor por metro cuadrado, estiman los especialistas, es de mil dólares. Es decir, más de 700 millones de pesos costarían los terrenos ubicados al frente de la exclusiva zona de la laguna Nichupté.

Pese a haber sido parte del gobierno anterior, cuando hubo tres intentos fallidos por vender el Malecón Cancún, el alcalde Julián Ricalde Magaña insistió con el tema durante tres días seguidos, según consta en las versiones que envía la oficina de Comunicación Social municipal.

Sin embargo, su postura cambió cuando el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, durante su asistencia al cumpleaños del diputado federal Carlos Joaquín, declaró que no era viable dicha operación: “Desde el Ayuntamiento pasado fue muy claro que no se vendieran propiedades municipales para pagos atrasados en el Ayuntamiento, o de deuda o de gasto corriente”, dijo en aquel evento “joaquinista”.

De hecho, su actual colaborador, el procurador de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, era entonces magistrado del Tribunal Administrativo que finalmente echó por tierra los acuerdos aprobados en el Cabildo de la administración 2008-2011 que impidieron concretar la venta.

Tulio Arroyo Marroquín, uno de los ciudadanos que interpuso uno de los tres juicios administrativos en contra del intento de vender patrimonio del Ayuntamiento, explica a Luces del Siglo que hoy en día es prácticamente imposible venderlo en los términos que pretenden. “Sería, además, privar a Cancún de un espacio público muy importante”, dice.

El proceso jurídico, que duró varios meses, comenzó con el primer litigio, el SCA/A/131/2009, que ganó la parte promovente al no contar el Ayuntamiento con los dos tercios de los votos en el Cabildo, de hecho, faltaba una fracción. Por esos días, la regidora Berenice Polanco Córdova, quien había votado en contra, deja su espacio para ir por una diputación del Distrito III.

Su suplente, Luis Ruiz Escobia, vota a favor, recuerda Arroyo Marroquín, y sigue el Ayuntamiento con los procedimientos. Pero en mayo de 2009 se encuentran con otro incumplimiento: la falta de una consulta pública; el gobierno encabezado por Gregorio Sánchez Martínez realiza la acción, es publicado en el Periódico Oficial; pero el último juicio, SCA/A/221/2009 que se llevó en la Sala Constitucional Administrativa, cuyo magistrado era Gaspar Armando García Torres, anula los acuerdos de Ayuntamiento y deja sin material el juicio.

La parte medular de la sentencia dice: “El acuerdo por el cual se autoriza la enajenación de los lotes cero uno, cero dos y diez, de la manzana 9, de la supermanzana seis de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, resulta nulo de pleno derecho al haberse dejado de observar la normatividad aplicable respecto a los bienes de dominio privado municipal… en estas condiciones se procede a declarar la nulidad del acuerdo Tercero del punto cuarto del orden del día, aprobado por la vigésima cuarta Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Benito Juárez el día 10 de noviembre de dos mil nueve, en el que se autoriza previo avalúo, y mediante subasta pública, la enajenación del bien inmueble resultante de la fusión de los lotes…”

Para Arroyo Marroquín es común esta práctica en muchos destinos del país, de hecho, refiere que el gobierno de Cozumel acaba de vender un terreno para pagar una deuda, lo cual, es totalmente ilegal y viola las normas de bienes públicos. “La de Malecón es una sentencia que sienta un gran precedente: por primera vez hay un mandato que dice que no se pueden vender bienes de dominio privado municipal”, destaca el universitario. “Por eso ahora Malecón tiene este blindaje, es valiosísimo”, resalta.

Pese a las declaraciones de Ricalde Magaña (ver aparte), el director jurídico del Ayuntamiento, Rafael del Pozo Dergal, negó que haya intención de vender Malecón. “No hay interés, no está en nuestra agenda”, declaró. Pero aclaró que siempre es posible desincorporar y enajenar una propiedad del Ayuntamiento, para lo cual, se requiere de procedimientos específicos que señalen con claridad el destino de los recursos, que solamente pueden destinarse a la atención de infraestructura productiva”, dijo con claridad del Pozo Dergal.

Sin embargo, el primer edil fue más que elocuente para resolver dicho problema en sus declaraciones del 2 de enero: “Lo haríamos parecer obra pública, y la obra pública, que es recurso propio, pagaríamos la deuda”. El regidor Rafael Quintanar, de extracción perredista, afirma que no entra en ninguna de las posibilidades, y recuerda que es un compromiso de campaña no acabar con el patrimonio de los benitojuarenses. “No entra en esta visión de gobierno. Bajo ninguna circunstancia. Tenemos que ser creativos, mucho más ágiles, buscar soluciones, alternar para hacer frente a los retos”, especifica.

Consultado sobre las declaraciones del alcalde, cree que las hizo sin medir los alcances. “Pero es positivo que haya descartado esta postura, que había sido una rutina de anteriores administraciones”, compara. Las críticas también van para el ámbito federal. El activista local, Tulio
Marroquín, también lanza críticas en contra de FONATUR, al que califica de cómplice de estos intentos poco claros de desincorporar patrimonio que, finalmente, pertenece a los ciudadanos.

En una dura carta fechada el 3 de septiembre de 2009 y dirigida a Miguel Gómez Mont Urueta, en uno de los párrafos más duros, dice: “…no entendemos ni aprobamos el silencio de Fonatur ante los dos intentos de despojo ilegal a la propiedad pública municipal…”. Y agrega en tono amenazante: “…deberemos acudir a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la justicia deslinde responsabilidades emanadas de un inaceptable silencio ante la enajenación que consideramos ilícita de recursos económicos federales destinados al municipio de Benito Juárez”.

Parte de la carta cita el Segundo Acuerdo de la 65 Sesión de Cabildo, en el que se incorporan los terrenos en cuestión: “Incorpórese al patrimonio municipal el lote 10, manzana 9, supermanzana VI ubicado en el Proyecto Malecón Cancún, en Cancún, Quintana Roo, bien de dominio público y como consecuencia inalienable, imprescriptible e inembargable, no sujeto a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interna, no pidiendo cambiar el uso y destino para el cual se han donado so pena de perderlos a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en términos del Contrato de Donación de fecha 21 de setiembre del presente año, otorgado ante la fe del Notario Público de la Notaría Número 37 del Estado de Quintana Roo con residencia en esta ciudad, Licenciado Naín Gabriel Díaz Medina”.

“FONATUR fue cómplice del gobierno –recuerda el también defensor del Ombligo Verde-, por eso tiene un pleito, este juicio se ramificó en contra de FONATUR y el Ayuntamiento, para hacerles claro que había documentos que decían que no era posible el cambio de uso de suelo, si ellos no decían nada, la jurisdicción voluntaria era para que se dieran por enterados, porque es una denuncia penal”.

Marroquín aclara que en ningún lado la ley permite a un Ayuntamiento vender una propiedad para pagar deudas. “Había otros agravios que eran letales, pero no fueron abordados por el magistrado por economía procesal”, ahonda. Si las gestiones con la FONHAPO no prosperan, las miradas no tardarán en volverse hacia el Malecón u otros inmuebles.

ENTREVISTA AL ALCALDE JULIÁN RICALDE

Las contradicciones de Julián Ricalde con respecto a la venta de Malecón Cancún

A raíz de la difícil situación financiera que enfrenta el Ayuntamiento de Benito Juárez por la deuda de 112 millones de pesos con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Ricalde Magaña fue entrevistado por el tema el 2 de enero, en donde lanzó la posibilidad de vender Malecón Cancún.

- Volviendo al tema de FONHAPO, ¿insistirán ustedes en buscar?

- Claro que vamos a insistir. Si el caso fuera que no tenemos suerte y por alguna razón tuviéramos –fuera de cualquier planeación-, erogar un recurso de esta naturaleza, nos veríamos en la necesidad de vender algún activo del Ayuntamiento, pero no vamos a pedir dinero prestado.

- ¿En esta venta estaría Malecón Cancún?

-Posiblemente sí. El estado de necesidad de 118 millones de pesos es una cuestión grave porque nosotros nos hemos caracterizado por ser una administración prudente y austera, así lo mostramos todo el 2011 con los resultados ya conocidos, pero no se vale y no estaríamos dispuestos a poner en juego un bien mayor si tuviéramos para pagar estos 118 millones de pesos.

- ¿Algún otro predio además de Malecón?

-Buscaremos. Tenemos cualquier cantidad de predios, pero ningún predio reúne las condiciones en este momento de oportunidad, como es el Malecón Cancún, en costo, en oportunidad por cómo va el proceso de avanzado, en fin. Espero que no sea ése.

Un día después le consultó la prensa:

- ¿Qué otra propiedad podría venderse en lugar de Malecón Cancún que es tan emblemático?

- Está el Ecopark, que sería mucho más grande y mucho más emblemático. No hubiera entrado en esta discusión, qué es emblemático, qué no es emblemático, cuando es un asunto de matemáticas, los emblemas pasan a segundo costo, la ciudad va a resentir más la ausencia de este recurso a tener ahí un emblema que se pueden tomar las fotos y llevárselas a sus casas.

- Pero si no mal recuerdo, precisamente, cuando se montó esta polémica de la transacción de los terrenos se hizo una reforma en la Ley de los Municipios, de tal modo que se generó un candado y, exclusivamente en la venta de propiedades de bienes inmuebles, son exclusivamente para un fin específico que no son para gasto corriente, ni para pago de proveedores, ni nominal. Entonces, ¿así como estaría tu gobierno brincando esta situación?

- Lo haríamos parecer la obra pública y la obra pública, que es recurso propio, pagaríamos la deuda.

El 4 enero fue retomado el tema con esta sesión de preguntas:

- En relación a lo del Malecón, que es un tema que se ha polemizado, explíqueme, ¿ya sería la solución real o van a negociar con FONHA PO, cómo le harán con esa deuda? Ya también hubo sesiones de Cabildo, ¿no?

- Primero, aclarar que alguien que no estuvo en la conferencia de prensa saca que vamos a vender Ecopark, jamás he mencionado y es una falta de profesionalismo de quien hace esto. Cuando me preguntan qué venderíamos, digo, eventualmente, y de no resolverse el tema, sería Malecón Cancún. Y me preguntan, “¿pero es la única ventana a la laguna?” y yo digo “no, está Ecopark”, mencionando que es una ventana a la laguna, pero jamás he dicho que se va a vender, entonces comenzamos el año con escándalos que no son ni deben de ser.

- En caso de que se pudiera comercializar ese Malecón, vemos que el uso de suelo es residencial y podría costar entre 500 y 600 millones de pesos el predio.

- Eso sería maravilloso, no sé cuánto valga esto, si eso vale, ya la hicimos.

- Es, considerando que Puerto Cancún vale el metro cuadrado mil dólares, …

- No lo sé, en su oportunidad, cuando tengamos los avalúos. La única intención con esto es poder resolver el tema de la FONHAPO.

- ¿Cuál sería la mejor situación?

- La mejor situación es que FONHAPO nos resuelva, no estaríamos con muchas posibilidades de vender Malecón Cancún.

- ¿No ha habido acercamientos?

- Estamos esperando que abra ventanilla el gobierno federal.

De repente, la postura cambia el 10 enero:

- En la tema de la venta de inmuebles, ¿cómo está esto?

- Insisto, vamos a buscar una solución. Va a ser una solución de manera colegiada, compartida por el Cabildo y, de ser posible, consensada por la sociedad.

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